Telefónica ya alista a su equipo legal en Estados Unidos para volver a la carga contra el Gobierno de México en los tribunales del CIADI. Se trata de la demanda más cara de la historia contra el país y asciende a casi 800 millones de dólares. Es por desacuerdos sobre las tarifas de interconexión.  

El conglomerado español le otorgó una prorroga al gobierno de Enrique Peña Nieto para llegar a un acuerdo pero esta ya llegó a su fin y no hay solución a la vista. Para colmo, crece el malestar por la polémica en torno a la división de unidades de negocios que deberán realizar Telmex y Telcel.

No es casualidad que en el último viaje de Luis Videgaray a España el CEO de la empresa José María Álvarez Pallete declinó de asistir a la reunión del canciller con empresarios españoles. El ejecutivo siempre ha sido un defensor de las reformas estructurales pero también ha señalado que México sigue sin lograr combatir a sus grandes monopolios. 

"Y no se trata de una cuestión de Telmex, el 70% de los contratos de los organismos de Gobierno los tiene Telcel y esa decisión es política", suele decir el directivo en confianza cada vez que aterriza en México.

Telefónica ha invertido en el país poco más de 13 mil millones de dólares en infraestructura para prestar servicio de telefonía móvil a 27 millones de personas. La situación ha escalado en cuanto al malestar desde que el IFT, controlado directamente por Los Pinos, decidió que Telmex, actor preponderante, coordine su proceso de separación y la consecuente entrega de infraestructura e información estratégica a la competencia. 

En la compañía española afirman que ellos deberían ser parte del proceso y que este no puede quedar a cargo de Telmex y del IFT. "No hay forma de rebatir decisiones, en este país el IFT casi no pierde en los juzgados", alegan los ejecutivos ibéricos.

Si bien la empresa todavía no paraliza sus planes de inversión, ahora tampoco quedará suspendido el juicio contra México en los tribunales del Banco Mundial. Allí el reclamo contra las autoridades mexicanas es a propósito de las tarifas de interconexión, las que se pagan las compañías de telecomunicaciones entre sí por el tráfico de los clientes que pasan por sus redes. 

Gracias a un recurso promovido por la operadora Axtel, el organismo regulador en 2011 recortar un 61% con carácter retroactivo las tarifas de interconexión, las que cobran las operadores con redes a sus rivales por el uso de sus infraestructuras, lo que suponía un perjuicio para la multinacional española. Telefónica consideró que México violaba los tratados de protección recíproca de inversiones firmados con España.

La demanda de arbitraje contra México fue interpuesta en junio de 2012 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial. El año pasado hubo una suspensióndel litigio para llegar a un acuerdo con la SCT de Gerardo Ruiz Esparza. En seis meses nada sucedió con lo cual hubo otro semestre de prorroga.

Ahora Telefónica se prepara para retomar el litigio en Washington que sería una pesada herencia contra el próximo gobierno que llegue a Los Pinos. El cálculo de la empresa es que la actual administración juega a demorar lo más posible cualquier tipo de acuerdo para no pagar el costo político.