13.02.2017
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Beneficios de la guerra del Bronco y los partidos
Por Alfonso Martínez Pabello
El enfrentamiento del gobernador con las bancadas partidarias del Congreso dejaron algunos logros. Las causas.

El 3 de octubre de 2015, Nuevo León cambio su lógica de gobierno. Los regiomontanos decidieron que las riendas de la administración pública estatal fueran tomadas por un gobernador sin partido que lo respalde. Sin embargo, también decidieron que los puestos de diputados y alcaldes, en la mayoría de los casos, fueran ocupados por candidatos con respaldo partidista.

Más de un conocedor del tema pronosticaba que la administración del nuevo gobernador se caracterizaría por obstáculos derivados de una relación áspera con el legislativo y los municipios. Pocos acuerdos, revanchas políticas y conflictos presupuestarios.

No obstante, también hubo consecuencias positivas. Sin saberlo, los electores trazaron una estrategia política que provocaría que sus nuevos gobernantes iniciaran acciones benéficas, que en sexenios pasados no habían tenido lugar.

Por ejemplo, requerimientos del Congreso para que el Gobernador respete sus compromisos, entre ellos la eliminación de la tenencia. O política de austeridad del Gobierno, donde el Congreso también aplicó y añadió una Contraloría Interna.

Además, la iniciativa del Gobernador para desaparecer a los Diputados Plurinominales, donde el Congreso aplicó la propia y sumó a los regidores plurinominales. O el proyecto del Congreso para recortar los fondos a los partidos políticos, donde el ejecutivo presentará la propia reduciendo aún más los fondos.

También se podría mencionar el descuento del 50% del pago de tenencia que el gobernador otorgó a las personas físicas, donde el Congreso lo formalizó en ley y dio la posibilidad de extender el beneficio a las personas morales. O la aprobación, después de haberse solicitado durante 10 años, de la Ley de Participación Ciudadana que permite revocar el mandato a los malos gobernantes.

Por último, ahora el Congreso se otorgó la facultad para modificar el paquete fiscal, cuando antes solo se podía aprobar o rechazar.

Podemos identificar en este fenómeno, dos ingredientes fundamentales. Por un lado, la división de poderes. Se trata de la orden que da la Constitución en su artículo 49 para que el poder del Estado se divida en Legislativo Ejecutivo y Judicial. 

La división de poderes radica esencialmente en establecer un mecanismo de control del poder ante los actos arbitrarios del Estado, por medio de un sistema de pesos y contrapesos, dentro del cual cada función está obligada a ejercer únicamente los actos que la ley le otorga.

Es decir, el encargado de expedir las leyes no puede ser aquel designado para aplicarlas ni ejecutarlas; que el que las ejecute no pueda hacerlas ni juzgar sobre su aplicación; que el que juzgue no las haga ni las ejecute.

Desde el punto de vista teórico, esta fórmula es infalible y garantiza el correcto desempeño del estado, sin embargo ¿puede existir una división de poderes efectiva cuando dos funciones pertenecen al mismo partido?

La experiencia nos ha recordado sexenio tras sexenio que no, o al menos no del todo. El sistema de partidos permite que una función pueda permear dentro de otra; por ejemplo, cuando un gobernador solicita a los diputados de su partido que le aprueben deuda pública o el presupuesto de acuerdo a sus necesidades.

En el caso de Nuevo León, la carencia de partido en la función ejecutiva ha creado una marcada brecha entre esta y la legislativa, por medio de la cual la primera ya no es omnipotente y la segunda ha buscado fortalecerse, situación que elimina la permeabilidad que permitían los partidos.

Aunado a esto, los partidos ya sea desde el Congreso o desde los municipios han buscado recuperar el control de la función ejecutiva estatal por medio del rescate del voto en las próximas elecciones, siendo aquí donde entra en acción el segundo componente de la fórmula:

Por otro lado está la competencia. En materia de economía la competencia es el esfuerzo que realizan dos o más comercios o empresas rivalizando entre sí, para incrementar sus ventas al ofrecer más productos y servicios de mayor calidad a mejores precios.

En política, la competencia se traduce en el esfuerzo que realizan dos o más autoridades rivalizando entre sí, para incrementar sus votos al ofrecer políticas, legislaciones, acciones, programas y proyectos de mayor calidad con una contribución fiscal menor.

Cuando existe un entorno de competencia, el éxito que tengan los funcionarios públicos dependerá de que los electores prefieran sus políticas públicas por sobre las de sus contrincantes, y la manera de lograrlo es ofreciendo políticas competitivas.

En este sentido, Nuevo León ha sido testigo de fenómenos donde el Congreso no solo le exige al gobernador que cumpla sus promesas de campaña, sino que va más allá proponiendo políticas y cambios legislativos más atractivos para los ciudadanos -viceversa lo ha hecho el gobierno estatal-, así como también ha perseguido y exigido castigo de aquellos actos que el Congreso considera como negativos.

Un gobierno es ineficaz, incapaz y hasta negligente cuando se vuelve un monopolio, pues a diferencia de empresas en constante competencia, carece de incentivos para dar mejores políticas a sus ciudadanos.

Por esto, esperemos que las luchas de poder no concluyan, que Nuevo León continúe en un periodo permanente de competencia entre sus gobernantes y que las próximas elecciones tengan como consecuencia un racimo de gobernantes aún más variado, que traigan rivalidad que beneficie a Nuevo León.

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