Controles22.11.2017
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Auditar a la Auditoría
Por Alfonso Martínez Pabello
El Estado destina cuantiosos recursos a la ASE pero los resultados no aparecen.

 En fecha 4 y 5 de mayo del presente año, la Auditoría Superior del Estado (ASE) recibió las cuentas públicas correspondientes al año 2016, por lo que conforme al artículo 137 de la Constitución del Estado, la autoridad fiscalizadora gozaba de 130 días hábiles siguientes a la recepción de dichas cuentas, plazo improrrogable que venció los días 6 y 7 de noviembre del presente año.

Por otro lado, la ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, que regula el trabajo de la ASE, establece como responsabilidad administrativa la no presentación del Informe de Resultados, en tiempo y forma; situación que incluso la Ley señala como un motivo de remoción del titular de la ASE, la cual deberá ser resuelta por el Congreso del estado.

El Auditor Superior hizo llegar un oficio al Congreso local, el 30 de octubre, solicitando, sin fundamento alguno, prórroga por el plazo de 15 días para la presentación de su Informe de Resultados, argumentando tener un exceso de carga laboral. Dicha solicitud sorprende, ya que fue presentada tan solo 6 días antes de que venciera su término.

Sin embargo, no se considera que la abstención en la presentación del Informe de Resultados sea justificada, ya que en el año 2017, la Auditoría contaba con más presupuesto y más personal en relación con años anteriores, según se demuestra con las siguientes cifras:

El presupuesto de la Auditoría Superior para el año 2016 era de $186, 552, 672, mientras que en el 2017 fue de $207, 999, 000 lo cual implica un aumento de $21, 446, 328, es decir, 11.49%.

Estos aumentos se traducen en incremento al personal con el que cuenta la ASE, por lo que para el año 2017, este órgano pasó de tener 284 a 301 personas, en específico se aumentaron: 5 Directores, 1 subdirector y coordinador, 3 jefes, 7 auditores y analistas y 1 personal administrativo.

Por otro lado, no se considera que el Congreso del Estado tenga facultades de ampliar el término de presentación del Informe de Resultados, ya que este plazo tiene origen directamente en la Constitución y ésta no prevé mecanismo o supuesto por medio del cual se pueda extender dicho plazo, por lo que el Legislativo estaría excediendo sus funciones en caso de aprobar la solicitud de prórroga.

La importancia de este proceso reside en la reducción del tiempo que el Congreso del Estado dispondrá para revisar, aprobar o rechazar dichas cuentas públicas e imponer responsabilidades en caso de ser necesario, aspecto que se agrava al tener en cuenta que el siguiente año es de procesos electorales y habrá cambios en los gobiernos municipales.

En este sentido el Congreso del estado debería aplicar la Constitución y la Ley de Fiscalización sin ninguna excepción, además de realizar las adecuaciones necesarias a esta legislación para evitar que casos similares vuelvan a ocurrir, y actualizar dicha Ley al Sistema Estatal Anticorrupción, fortaleciendo la figura de la auditoría y beneficiando a la ciudadanía en el combate a la corrupción.

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