Energía17.10.2017
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¿Podemos reclamar al Estado?
Por Alfonso Martínez Pabello
Hay herramientas. Está en los ciudadanos exigir una respuesta del Gobierno y no dejar esos mecanismos de reclamo en el cajón del olvido.

 El domingo 10 de septiembre los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas fueron privados del suministro de energía eléctrica en varias de sus ciudades. Dicha interrupción, que no fue anunciada con anterioridad por ninguna autoridad, tuvo una duración de hasta doce horas en algunas localidades de estos estados.

Directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) manifestaron públicamente, la misma noche y al día siguiente, que la suspensión del servicio había ocurrido debido a una "falla técnica en la operación" de la subestación de San Jerónimo, en el estado de Nuevo León.

Días después, todos los mexicanos fuimos sacudidos por la terrible noticia del sismo con epicentro en Axochiapan, Morelos, que azotó el sur del país, dejando a su paso, pérdidas humanas y materiales. Una de las sorpresas mayores, fue que colapsaran edificaciones con antigüedad inferior a treinta años, las cuales uno esperaría que deberían cumplir con las normas de construcción creadas para impedir los desastres experimentados en el terremoto de 1985.

Sin embargo, expertos en el tema han evidenciado que las edificaciones modernas que fueron abatidas por los movimientos telúricos no cumplían con las normas de seguridad diseñadas no sólo para impedir colapsos, sino para salvar vidas, presuntamente por abstenciones de las autoridades o comisión de actos de corrupción. ¿Corrupción en México? No... ¿cómo cree?

Ambos casos son ejemplos de situaciones en donde es aplicable una figura jurídica poco conocida y menos operada, denominada Responsabilidad Patrimonial del Estado, por medio de la cual se busca reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado, es decir, cuando el gobierno la regó, me la tiene que pagar.

¿Cómo dijo? A ver en español... esta herramienta jurídica sirve para proteger a los ciudadanos de la corrupción y negligencia del Estado, permitiéndoles recibir una indemnización cuando se les haya causado un daño a su patrimonio. Nada mal, ¿no? Además, si hiciéramos uso frecuente de este recurso, serviría para incentivar a nuestros gobernantes a hacer bien su trabajo.

Para el primer caso, por tratarse de un ente Federal -Comisión Federal de Electricidad- esta figura es aplicable a partir del año 2004, al expedirse la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, mientras que para el segundo ejemplo, fue en el año 2008 que el Gobierno de la Ciudad de México adoptó la figura por medio de la expedición de su propia ley.

A partir de la entrada en vigor de estas leyes, toda persona que resulte afectada en sus bienes por una actuación negligente o irregular del estado, es decir casos donde el gobierno no realizó todo lo que estaba en sus manos para hacer o evitar algo, o excedió alguna de sus funciones, podrá ser objeto de esta figura, por medio de la cual el gobierno deberá indemnizar los daños que su negligencia causó.

Por ejemplo, una industria dedicada a la refrigeración de alimentos pudo tener pérdidas económicas debido a la suspensión del servicio de electricidad originado por la "falla técnica en la operación" por parte del personal de la CFE, lo que permitiría a esta empresa reclamar dichas pérdidas o ser acreedora a una indemnización.

Por otro lado, una persona que pudo perder su patrimonio el 19 de septiembre por confiar en que su domicilio cumplía las medidas de seguridad, por así haberlo declarado un inspector del Gobierno de la Ciudad de México, podría reclamar una verificación irregular y ser acreedor a una cantidad en dinero para que restituya su domicilio.

El gobierno debe responsabilizarse por sus acciones y omisiones que ocasionen un daño a sus ciudadanos al igual que una empresa lo haría por prestar un mal servicio, sin embargo, está en los ciudadanos exigir una respuesta del gobierno y no dejar este mecanismo de reclamo en el cajón del olvido.

Salir a las calles, manifestarse, usar las redes sociales no son la única manera de exigir un mejor gobierno, es necesario perder el miedo a los mecanismos jurisdiccionales (juicios, abogados) que muchas veces causan un impacto mayor y una respuesta mucho más efectiva del gobierno, esto por ser un golpe directo al bolsillo del gobierno.

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Excelente mi estimado Pocho, saludos!