Justicia
Tras ajustar salarios, la Corte se sumerge en la amapola, Iguala y las investigaciones a EPN
Zaldivar ya trabaja en el cronograma de los expedientes más espinosos. Citas privadas y reacomodos de poder.

El primer reto de Arturo Zaldívar Lelo de la Rea al frente de la Corte fue adecuar el presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2019 al programa de austeridad que promueve el Gobierno y que hoy martes tuvo un primer avance con el anuncio de los ministros: aceptaron bajarse los salarios hasta un 25%. Un gesto que no se puede despreciar, aunque sigan cobrando muy por encima del sueldo de AMLO. 

Al inicio de su gestión como titular de la Corte, en la primera sesión privada del Pleno, Zaldívar les informó a los ministros sobre los más de 4,657 millones pesos asignados a la Suprema Corte para todo 2019. La primera encomienda fue que cada uno de los ministros adecuara el presupuesto asignado al plan de austeridad e hiciera los ajustes necesarios en cada una de sus ponencias. Este fue el origen del anuncio de hoy martes.

Ahora, con ese frente de conflicto despejado, Zaldívar deberá encarar el costado jurisdiccional, donde también aparecen temas muy candentes como la legalización de la amapola, el caso Iguala y las investigaciones de la justicia de Chichuahua sobre el Gabinete de Enrique Peña Nieto.

La primera parada brava sería la controversia constitucional 183/2018 presentada por el Poder Ejecutivo por las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua en contra de los integrantes del Gabinete del ex Presidente Enrique Peña Nieto.

En este caso le tocó al ministro Eduardo Medina Mora conocer del expediente, y realizar el proyecto de sentencia sobre la competencia que tiene la Fiscalía de Chihuahua para proceder penalmente en contra de uno de los poderes federales. Por ello, ordenó suspender cualquier pesquisa contra los entonces integrantes del Gabinete Presidencial, incluyendo al ex mandatario, Peña Nieto.

La Suprema Corte se une a la austeridad: los ministros se recortan 25% el salario

En este tema también hay un contraste con el dicho del Ejecutivo Federal, pues López Obrador bajo la política del perdón dijo que no se perseguirá a servidores públicos por actos de corrupción cometidos antes de su mandato, pues el país necesita unidad para subsanar las diferencias que lo mantienen segmentado.

Otro tema importante -que aún no ha llegado a los juzgados a través de amparos pero que ya ha despertado interés y fijado posturas en los ministros de la Suprema Corte- es la regularización de la amapola con fines lúdicos y recreativos, propuesto por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 

Estudiosos del tema como Andrés Aguinaco Gómez Mont, encargado de promover el primer amparo que llegó la Corte sobre el uso de la mariguana con usos lúdicos y recreativos -cuyo proyecto aprobado fue Zaldívar- dijo que la regularización de la amapola podría seguir la misma ruta jurídica que el de la cannabis bajo el argumento del desarrollo libre de la personalidad.

Cabe destacar que una entusiasta promotora de la regularización de la amapola y sus derivados es la ex ministra, y actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien mantuvo una estrecha comunicación, y compartió muchos de los criterios judiciales durante su paso por la Corte con Zaldívar, ahora presidente del máximo tribunal.

Fuentes judiciales confiaron que no se puede analizar de la misma forma la marihuana y la amapola, pues ambas sustancias tienen diferente contexto social, así como efectos disímiles sobre la salud de los consumidores. Además, sobre la morfina, la heroína, la oxicodona y otros opiáceos hay regulaciones de la Organización Mundial de la Salud a las que México está suscrito y que se deben de respetar.

Bajo estos argumentos, entre otros, se estima que no será fácil que se pueda aprobar la regularización de la amapola y sus derivados ante la SCJN como sucedió con la marihuana bajo el argumento del desarrollo libre de la personalidad, pues se está hablando de la salud pública, regulada por tratados y organizaciones internacionales.

Si embargo, hay otras rutas por las que se puede regular la producción de amapola bajo el argumento de seguridad pública y combate al crimen organizado. Por ejemplo, una legislación directa sobre el tema y una reforma a la Constitución a través del Poder Legislativo, pero de igual forma terminaría ante la Suprema Corte en caso de que organizaciones civiles o minorías parlamentarias interpongan los respectivos recursos.

Asimismo, está en espera la discusión de la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala) cuyos padres de los 43 estudiantes desaparecidos estarán al frente de las investigaciones, como primeramente ordenó el Primer Tribunal Colegiado en Tamaulipas, y que posteriormente lo hizo tema de campaña y ofrecimiento a la sociedad, el presidente López Obrador.

Ayotzinapa: AMLO prometió que no habrá trabas en la investigación de la nueva comisión El asunto toma relevancia, porque no hay precedentes de que la mayoría de la dependencias del Gobierno Federal durante la gestión de Peña Nieto se inconformarán a través de escritos y quejas presentadas ante el Tribunal Colegiado y la SCJN en contra del ordenamiento judicial, porque va en contra del federalismo al desplazar al Ministerio Público como única autoridad encargada de investigar.

Por el momento, la inejecución de sentencia está en la SCJN bajo la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien contendió el pasado dos de enero por la presidencia de la SCJN, y será el encargado de hacer el proyecto que se discutirá ante sus pares.

También están en espera de que se combata a través de acciones y controversias constitucionales la denominada Guardia Nacional que uniformará a militares para conformar una corporación encargada de la seguridad publica en toda la República, principalmente en aquellos estados con problemas de crimen organizado, que son la mayoría en México.

El antecedente de este tema es la Ley de Seguridad Interior que fue desechada con nueve votos en contra por el Pleno de la SCJN el 15 de noviembre pasado.

El argumento central sobre la discusión de forma, porque el Congreso de la Unión si tenía facultades para legislar en la materia, pero había vicios procesales y violación al proceso legislativo al no cumplir con las formalidades parlamentarias que se requieren, por lo que la norma quedaba deslegitimada.

En otros casos sólo se ha ordenado que se resuelvan estos vicios y que se vuelva a discutir la norma subsanando los detalles, pero ahora se desechó de facto.

Por ello, no se entró en el estudio de fondo sobre las atribuciones de militares en temas de seguridad pública, las violaciones a los derechos humanos de los que han sido señalados, y el incremento de la violencia en los estados donde están presentes.

En caso contrario hubieran dejado un criterio amplio sobre el tema, y que hoy sería la base fundamental para discutir sobre la creación de la Guardia Nacional, aún con ello se espera que también el tema llegue a la Corte este 2019.

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