Una tormenta empieza a gestarse en Palacio Nacional, muy cerca de la oficina de Andrés Manuel López Obrador. Gabriel García, uno de los monjes negros del Presidente, no para de recibir quejas desde los super-delegados estatales, que a su vez ya se ven desbordados por el malestar que empieza a reinar entre su gente.

Más de una vez se explicó el plan de AMLO: conformar una estructura paralela al partido, ahora desde el Gobierno, para poder bajar los programas sociales directamente a los más necesitados, sin la necesidad de la interlocución siempre difícil de los gobernadores y alcaldes.

La estrategia era simple: desplegar delegados estatales, que a su vez coordinarían a los delegados distritales, para que sus tropas o cuadrillas puedan ir censando y repartiendo los programas acorde a las necesidades que vayan registrando en tierra.

Lo más interesante del plan, como se explicó en este medio, era la búsqueda de solapar este despliegue territorial, con el despliegue de los cuerpos de la Guardia Nacional, para así atacar en un movimiento de "pinza" los problemas económicos y de seguridad al mismo tiempo.

El problema es que muchos de los delegados estatales eran, en principio, senadores o diputados, y dejaron la comodidad de sus curules para coordinar grupos de trabajos en territorio. Esas personas serían incluidas en la estructura del Secretaria de Bienestar, cosa que a la fecha -en muchísimos casos- todavía no ha ocurrido.

Así, muchos de los "voluntarios" que vienen censando en sus terruños, no sólo no han recibido un salario, sino que además han tenido que gastar de su cartera en viáticos o alimentos. Es la queja que escucha por estos días Gabriel García en Palacio Nacional.

Albores argumenta que hay trabas administrativas que la exceden, porque mucho de esos "voluntarios" no cumplen con los requisitos de contratación en Bienestar, o bien que la Oficia Mayor que comanda Raquel Buenrostro traba la dispersión de recursos, cosa que por otra parte es su objetivo.

Otros de los planteos es que AMLO había prometido que tendrían unos 7 mil centros "integradores" en todo el país, y a la fecha no habría ni una sola oficina operando.

Los días pasan y García no consigue agilizar esta inclusión de las estructuras en Bienestar. La advertencia que varios delegados ya hicieron es que si esto no se resuelve pronto, renunciarán para volver a sus curules.