Cártel inmobiliario
Sansores y Romo proponen expropiar inmuebles a quien no respete sellos de clausura
La autoridad está rebasada por el cártel inmobiliario, dijo el alcalde de Miguel Hidalgo. Penas severas a los desarrolladores, no a los trabajadores.

Este lunes el Pleno del Senado de la República avaló, en lo general, expedir la Ley Nacional de Extinción de Dominio (reglamentaria del artículo 22 constitucional). La ley establece el procedimiento correspondiente y los mecanismos para que las autoridades administren y moneticen los bienes sujetos al proceso, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios.

La extinción de dominio es la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con bienes, declarada por sentencia de la autoridad judicial, sin contraprestación, ni compensación alguna para su propietario o para quien se ostente o comporte como tal, ni para quien, por cualquier circunstancia, posea o detente los citados bienes.

Luego de la aprobación de dicha ley, los alcaldes de Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, Layda Sansores y Víctor Hugo, presentaron al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa que propone la extinción de dominio a bienes inmuebles que quebranten reiteradamente sellos de clausura.

"En el caso de la Ley de Extinción de Dominio se aplicaría cuando haya clausura definitiva y, a pesar de ello, se construya un piso más, se continúen los trabajos o se concluya la construcción de la obra. En estos casos, reiteró, se deberá iniciar el proceso que marca la ley", explicó Romo Guerra.

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Junto a Sansores San Román, Romo entregó la iniciativa al presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Jesús Martín del Campo, quien resaltó el interés común de la bancada de Morena y los alcaldes capitalinos en detener "los abusos de desarrolladores que construyen violando normas y se mantienen en la impunidad, escudándose en algunos recovecos de la ley vigente".

"Es necesario fortalecer y actualizar el marco jurídico que existe, adecuar la ley a la nueva realidad para frenar el abuso, garantizar el cumplimiento de la ley e inhibir el comportamiento delictivo", insistió el alcalde de Miguel Hidalgo. "Vamos a darle dientes a la autoridad y obligar a los particulares a apegarse a las leyes y reglamentos".

Aseguró que la autoridad "se ha visto rebasada por el cártel inmobiliario", grandes desarrolladores asesorados por despachos de abogados, por la ausencia de un tipo penal que "castigue severamente el incumplimiento y violación" de las leyes. En su demarcación, añadió, 25% de las construcciones realizadas han cometido algún ilícito.

La iniciativa contempla un incremento a las sanciones a quien quebrante los sellos impuestos con penas que se eleven a entre cinco a 12 años de prisión y una sanción monetaria de entre mil y 2 mil días multa. Además, el delito de quebrantamiento de sellos se aplicará al titular, propietario, poseedor, ocupante o responsable de una construcción, inmueble, anuncio o establecimiento mercantil, y no sólo a las personas trabajadoras que cometan materialmente el delito.

La alcaldesa de Álvaro Obregón, por su parte, informó que durante su administración se han suspendido y clausurado 171 obras, "pero la problemática no acaba al poner el sello de suspensión o clausura". "Los desarrolladores inmobiliarios no consideran como un delito arrancar dichos sellos".

Además, para demostrar al INVEA que "ahí se sigue trabajando, es necesario tomar a los trabajadores en flagrancia, situación que en muchas ocasiones no es posible". "Por ello se propone la extinción de dominio y el aumento las penas", dijo Layda. "Estas prácticas son como un robo a la nación, es un robo a la gente y sólo se puede recuperar con la extinción de dominio", completó Romo.

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