Narcotráfico
La Cámara de Diputados aprobó la Ley Robin Hood para "regresar al pueblo lo robado"
Con 420 votos a favor se dio luz verde a la Ley Nacional de Extinción de Dominio. La oposición advirtió de un riesgo de despojo a inocentes.

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 420 votos a favor, 10 en contra y nueve abstenciones, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y el Código de Procedimientos Penales, entre otras leyes.

Ahora esta legislación es conocida como "Ley Robin Hood" o lo que ahora el gobierno califica como: ley "Para Devolver al Pueblo lo Robado".

De acuerdo al documento, la Ley establece los mecanismos para que las autoridades administren y moneticen los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios.

"Me parece que de fondo, y lo he dicho en la reunión de comisiones unidas, cualquier tarea que lleve como teleología abatir la delincuencia, el crimen organizado, la impunidad que priva desafortunadamente en nuestro país, debe conjuntar los afanes de todos los legisladores que estamos representando en este recinto a los ciudadanos", dijo la diputada del PT, Ana Ruth García.

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Se amplía además el catálogo de delitos o conductas delictivas por lo que serán susceptibles de extinción de dominio: el secuestro, delincuencia organizada, los cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, contra la salud, trata de personas, por hechos de corrupción, encubrimiento, los perpetrados por servidores públicos, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, y extorsión.

"Es un hecho que no sólo el ciudadano pretende que se persiga y se sancione a todo aquel que en este esquema de corrupción, de impunidad y de delincuencia, obtenga para sí y para su beneficio bienes con una lesión directa a los ciudadanos", añadió la diputada García Grande.

Así, el Gobierno Federal podrá disponer de los bienes que sean incautados a quienes cometan o estén relacionados con alguno de los ilícitos antes mencionados, y así administrarlos, venderlos y disponer de los recursos obtenidos por ello.  

En ese sentido, el documento señala que el Fiscal General de la República, en su carácter de presidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, presentará anualmente al Senado un informe sobre el número de juicios, sentencias, valor estimado de los bienes y los ingresos obtenidos por su venta, así como el destino de los mismos.

Por su parte, el grupo parlamentario del Partido del PRD se pronunció en contra de la aprobación de la legislación, al advertir que es una expresión más del "populismo" inducido por este gobierno, pero que "afectará no a los poderosos o a los capos que tienen dinero para defenderse, sino a ejidatarios, campesinos y gente de escasos recursos que perderán sus propiedades usadas por el crimen organizado".

"¿Cuántas veces nuestros grupos parlamentarios dudamos de la Ley de Remuneraciones? ¿cómo votarla? De la Ley de Austeridad ¿cómo votarla? Bajo una razón: "Vamos a vernos mal ante los ciudadanos votando (en contra) estas leyes" ¿y cuál ha sido la consecuencia? Leyes con amparo, leyes que la Corte tira, que no están sirviendo para resolver el problema de fondo", reprochó el perredista Antonio Ortega.

"Ni en tiempos de guerra -alertó el perredista- habíamos tenido leyes tan inhumanas y abandonadas a la Constitución".

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