Negocios
Salazar exige revocar acuerdo de Nahle que "discrimina las energías renovables"
El líder del CCE afirmó que la Secretaría de Energía atenta contra la legalidad, el estado de derecho, la libre competencia y el bienestar de los consumidores.

El Consejo Coordinador Empresarial se manifestó sobre el "Acuerdo por el que se emite la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional", publicado el viernes 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación. De acuerdo con el organismo liderado por Carlos Salazar Lomelín, es una violación flagrante al marco constitucional y legal mexicano.

"A través de este instrumento, la Secretaría de Energía usurpa facultades para incidir ilegítimamente en las reglas del sector y en las condiciones de competencia", dijo Salazar Lomelín. "Esta política violenta el estado de Derecho y atenta contra la legalidad, certeza jurídica y libre competencia económica del sector energético del país. Afecta los derechos de los generadores renovables, de los consumidores y de todos los participantes en el sector eléctrico nacional".

"La medida, que ha entrado en vigor a pesar de numerosas protestas y argumentos de expertos, autoridades, representaciones diplomáticas y participantes de la industria, atropella los derechos de todos los participantes en el sector eléctrico nacional. No sólo discrimina a las energías renovables, también faculta a las autoridades para encarecer artificialmente la generación de electricidad en el país y desplazar arbitrariamente cualquier proyecto de generación del sector privado", agregó.

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Según el empresario, el acuerdo firmado por la secretaria Rocío Nahle que ya recibió además la queja de Canadá y la Unión Europea, es una acción que se suma a la "operación de deterioro regulatorio" del sector eléctrico que la actual administración ha instrumentado desde 2019. "La integridad del marco jurídico mexicano debe ser respetada por el Gobierno, así como los instrumentos y tratados internacionales de los que somos parte".

"Esto representa un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones en México, causando graves consecuencias para el país como la pérdida de empleos, de confianza de inversionistas, y afectaciones para los proyectos eléctricos de todas tecnologías en al menos 18 estados de la República, los cuales representan inversiones por más de $30,000 millones de dólares", agregó Salazar.

"Hacemos un llamado a la Secretaría de Gobernación y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal a investigar y esclarecer las circunstancias irregulares en las que se publicó el acuerdo, a revocarlo de forma inmediata y a detener esta destructiva campaña de arbitrariedad y manipulación informativa de la Secretaría de Energía", pidió el empresario con el respaldo de la American Chamber/México y el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales.


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