Polémica
Laura Rojas presenta recurso ante la Suprema Corte por militarización de la seguridad de AMLO
La presidenta de Diputados interpuso una controversia constitucional y ahora será el máximo tribunal el que tendrá la última palabra.

 La presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas, presentó a última hora de la noche del viernes una controversia constitucional ante la Suprema Corte contra el decreto presidencial ordenando el regreso de las Fuerzas Armadas a tareas de seguridad.

"Después de un amplio análisis del acuerdo del Ejecutivo Federal sobre las FFAA en tareas de seguridad pública, y de escuchar a OSC y a reconocidos constitucionalistas, considero que existen razones fundadas para solicitar a la @SCJN revise su constitucionalidad", escribió Rojas esta mañana en su cuenta oficial de Twitter.

"Las FFAA durante más de una década han pedido que les demos un marco jurídico que de certeza a su actuación y lo que busca la controversia es precisamente que se cumpla ese objetivo, y sobre todo, avanzar hacia el objetivo de un Mexico con seguridad y en paz", añadió la legisladora.

Pese a las críticas, la CNDH rechaza impugnar militarización de seguridad pública

La presentación de Rojas llega apenas unos días después que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) anunciara que no impugnaría el decreto de AMLO para enviar los militares a la calle por estar "imposibilitados legalmente" de hacerlo al tratarse de una ley. La negativa del organismo dirigido por Rosario Piedra, de estrecha relación con el presidente, provocó numerosas críticas de activistas de DD.HH. y la oposición.

Ahora, tras la controversia interpuesta por la diputada panista, será el máximo tribunal el que dirimirá el conflicto de consitucionalidad de la decisión del presidente, quien antes había sido muy crítico de sus antecesores Calderón y Peña Nieto por "militizar" la seguridad pública en el marco de la llamada "Guerra contra el narco".

Según el decreto publicado el 11 de mayo, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública será hasta que la flamante Guardia Nacional esté lista para hacer cargo, aunque la disposición pone como fecha de cesación el 27 de marzo del 2024.

Sin embargo, los expertos han criticado la decisión, señalando que la Constitución nacional limita las funciones de "seguridad pública" a instituciones de carácter civil como la Policía federal y Policías locales. 

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