Refugio
AMLO defendió el programa migrante Quédate en México y asegura que no fue imposición de EU
Expertos alertan que en México hay 68 mil solicitantes de asilo para Estados Unidos en condiciones precarias y son víctimas de violencia.

En diciembre de 2018 se puso en marcha el programa Quédate en México, de frente a la caravana migrante hondureña que atravesó México para llegar a Estados Unidos. Hasta la fecha, sigue siendo foco de críticas y controversias, y se abre la expectativa de que sea retirado con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca; mientras que, de este lado de la frontera, el presidente López Obrador no ofrece una postura clara, y lejos de los señalamientos, defiende el plan.

Desde Sonora, donde esta mañana de jueves ofreció su conferencia diaria, el mandatario mexicano aseguró que "fue muy bueno" el resultado de este programa y que durante su gobierno no se han registrado violaciones a derechos humanos y se ha protegido a migrantes y ya no son víctimas de la delincuencia. "En el tiempo que llevamos atendido el fenómeno migratorio no ha habido como antes asesinatos de migrantes, como era anteriormente que no había una política humanitaria y se desprotegía", dijo.

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Estas declaraciones se distancian de las acusaciones que se hacen sobre este programa, de una realidad totalmente distinta, pues las vejaciones contra quienes llegan a México de manera irregular, esperando cruzar la frontera norte continúan, siguen ocurriendo, de acuerdo con la investigación realizada por la Fundación para la Justicia, de la mano con la Oficina en Washington para Asunto Latinoamericanos (WOLA), la organización Asylum Access Mexico (AAMX) y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI).

El programa arrancó a un par de meses de la primera caravana migrante que se organizó desde Honduras, tras lo cual se endureció el discurso antimigratorio del presidente estadounidense Donald Trump. Fue entonces que se lanzó el programa Quédate en México, que implicaba que quienes solicitaran asilo en Estados Unidos y hubieran ingresado por su frontera sur, esperaran en territorio mexicano la resolución de esta petición por parte de las cortes estadounidenses.

Este programa contó con el respaldo del gobierno mexicano, que por entonces negó que esta iniciativa volvería a México en tercer país seguro. Discusión que continuó durante 2019 en la medida en que las políticas migratorias de López Obrador, que arrancaron bajo la promesa de tener un giro humanitario, fueron cambiando a la par de las amenazas comerciales de Trump -tal fue en el caso de los aranceles-.

En ese contexto, las organizaciones acusan al gobierno mexicano de ser "cómplice" del estadounidense en "la violación de derechos de la población solicitante de asilo al aceptar el Programa Quédate en México. Pero el presidente López Obrador aseguró, en primer lugar, que este plan no fue impuesto. "Fue una decisión que tomamos nosotros. A nosotros no nos imponen los gobiernos extranjeros nada, no somos títeres, no somos colonia de ningún gobierno extranjero", lanzó.

En segundo lugar, el presidente aseguró que hay una migración más ordenada que permite proteger a quienes migrar por la frontera sur mexicana de la delincuencia organizada y los resultados son distintos al de otras administraciones.

Ante la demanda de estas organizaciones de desmantelar tal programa y cumplir con las promesas de la 4T de garantizar empleo, educación y salud, López Obrador explicó que se hará una revisión del mismo, pero agregó que esperará la toma de posesión de Biden, como nuevo mandatario de Estados Unidos.

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De acuerdo con este estudio, llamado En la Boca del lobo, en México permanecen 68 mil solicitantes de asilo en Estados Unidos, los cuales sortean situaciones como condiciones precarias, inseguridad, falta de acceso a servicios de salud y empleo, secuestros, extorsiones, desaparición forzada y asesinatos.

Además, denuncia: "La firma del acuerdo entre ambos países, que formalizó el Programa Quédate en México, constituyó una violación del derecho nacional. El acuerdo se realizó a través de un servidor público de la Secretaría de Relaciones Exteriores cuyas funciones y competencias no le permiten hacerlo. Además, careció de la participación del Senado de la República, encargado de aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas suscritas por el Ejecutivo y la Secretaría de Gobernación".

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