Energía
Aprueba la 4T en San Lázaro la reforma eléctrica de AMLO
Con 304 votos a favor, 179 en contra y 4 abstenciones, la Cámara de Diputados avaló en lo general los cambios para fortalecer a la CFE.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 304 votos a favor, 179 en contra y 4 abstenciones, el dictamen con proyecto de decreto preferente por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, enviada por el presidente López Obrador.

La discusión que se generó en San Lázaro reflejó lo polémica de esta iniciativa, con discursos duramente en contra. Uno de los argumentos recurrentes a los que se acudió para cuestionar la iniciativa, es que jueces y magistrados ya dieron revés a las políticas energéticas impulsadas por Cenagas y la Secretaría de Energía (Sener).

El documento, que modifica los artículos 3, 4, 12, 26, 35, 53, 101, 108 y 126 de la citada Ley, señala que se pretende garantizar un sistema tarifario de precios que serán actualizados en razón de la inflación mediante la operación de centrales eléctricas reguladas por el Contrato Legado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Contrato de Entrega Física de Energía y Capacidad a la Red.

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En ese sentido, la diputada Mónica Almeida del PRD -partido que votó en contra- señaló que con esta iniciativa el gobierno busca revertir la inconstitucionalidad que determinaron jueces y magistrados al acuerdo de seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico.

Otro de los argumentos frecuentes entre los opositores es que esta iniciativa busca excluir las energías renovables y se apoya en el uso de energías más contaminantes. En esa línea, Enrique Ochoa, legislador priísta y ex director de CFE, afirmó que los cambios propuestos resultan "caprichosos" con "energía más cara y contaminante". Esta posición fue compartida por el PRD, el Partido Verde y Acción Nacional.

Por su parte, aliados de Morena, el Partido del Trabajo y Encuentro Social, defendieron que esta iniciativa fortalecerá a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y rechazaron que el plan fuera dejar de lado las energías limpias. En la misma línea del presidente, hubo una crítica constante hacia la reforma de Peña Nieto.

Lo cierto es que esta reforma precisamente surgió luego de una serie de amparos que los privados fueron ganando ante tribunales y poco a poco han ido dejando sin efectos las distintas iniciativas impulsadas por Nahle. En ese panorama, López Obrador advirtió que lanzaría una reforma para poder llevar a cabo su proyecto de fortalecer a las empresas energéticas estatales. A la par, lanzaba un llamado a los reguladores del sector a alinearse con estos fines.

Entre los puntos más controvertidos de esta iniciativa, es que se le da prioridad a la CFE en el uso de energía, es decir, que sus plantas -ya sea hidroeléctricas, geotérmicas, de ciclos combinados y termoeléctricas y su central nuclear- sean las primeras en despachar la energía al sistema eléctrico.

De esta manera, en segundo lugar, se le da prioridad las plantas de ciclo combinado de Productores Independientes de Energía y al último las centrales eólicas y solares y los ciclos combinados de la iniciativa privada. Es decir, se da un giro completo a lo establecido en la reforma de 2014, y que, de acuerdo con los especialistas, prometía como mayor atractivo las inversiones privadas en energías limpias.

El dictamen señala que los permisos que se entreguen deberán estar alineados con el Programa Nacional del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen), que elabora la Secretaría de Energía cada año y con una proyección a 15 años.

El discurso con el que los morenistas suelen defender esta propuesta es que la CFE sí usa energía limpia y por ello el foco está primero en el uso de las plantas hidroeléctricas, además de que la iniciativa considera que estas plantas puedan emitir Certificados de Energía Limpia, que precisamente acreditan la generación de luz con fuentes limpias. Fue una propuesta desechada en la administración pasada.

Otro cambio que genera gran inquietud es que se revierte el permiso de auto abasto, que permite que grandes consumidores industriales generen su propia electricidad e incorporarla a la red de transmisión, lo que esta administración señaló que estimulaba a un mercado negro, por lo que ahora estos permisos tendrán que pasar por una revisión sobre su rentabilidad para el Estado.

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