Energéticas
Empresas energéticas alistan una "oleada" de amparos contra la reforma eléctrica
De acuerdo con el ICC México, el próximo mes arrancarían las primeras acciones legales de "todas" las empresas del sector.

 Será cuestión de un mes cuando las empresas privadas del sector eléctrico y energías limpias arrancarán con las medidas legales contra la reforma energética, luego de que ésta fue publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En conferencia virtual, Conde Claus von Stauffenberg, presidente de la International Chamber of Commerce (ICC) en México, reveló: "Vamos a ver amparos próximamente en el próximo mes. Amparos y controversias constitucionales". Esto, considerando los tiempos legales, los amparos y las controversias constitucionales se darán entre 15 y 30 días después de la entrada en vigor de esta reforma.

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Si bien no se precisó el número de empresas que estarían recurriendo a este tipo de acciones, Conde Claus aseguró que "todas" las involucradas en este sector están, al menos, analizando estas acciones y revisando varios escenarios, por ejemplo, contemplan que de no lograr en las instancias de justicia nacional algún avance, escalarían a lo internacional, amparándose en las posibilidades que ofrece el T-MEC, a través de los arbitrajes de inversión.

En ese sentido, se explicó que este camino se trata de una ruta más larga, cuyas resoluciones toman hasta tres o cuatro años, es decir, en ese escenario, una resolución a favor de los privados implicaría impactos para el gobierno mexicano que prosiga al de Andrés Manuel López Obrador.

Lo que sí, es que los representantes de esta cámara no dejan de señalar que hay antecedentes en ambos casos. En el caso de México, se refieren a que ya en el pasado los tribunales lograron revertir la política de confiabilidad energética de la Secretaría de Energía (Sener); en el caso delos arbitrajes internacionales, se recordó el caso de Argentina, cuando ocurrió la expropiación de YPF a Repsol y por lo cual, el gobierno argentino terminó pagando hasta 5,000 millones de dólares.

"Si se considera expropiación indirecta porque la inversión ya no es sustentable, el plan de negocios no lo pudo realizar, puede venir una condena contra México, un incumplimiento del país, de México y sus obligaciones, puede venir una condena de los daños o prejuicios generados", explicaron.

De acuerdo con esta organización, esta reforma es contraria a la constitución en al menos nueve de sus artículos (1°, 4°, 14, 16, 17, 25, 27, 28 y 33). "Viola la obligación estatal genérica de defensa de los derechos humanos; el derecho a la salud y a un medio ambiente sano; el principio de irretroactividad de la ley; el principio de seguridad jurídica; el principio de sustentabilidad y competencia; la prohibición de monopolios; y el respeto a los tratados internacionales", dijo.

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LPO reveló que en el gobierno ya anticipan estos amparos y han considerado que puede costarle al gobierno alrededor de 20,000 millones de dólares, por lo cual, el presidente empuja a que haya alguna resolución antes de llegar a la Corte e incluso, por lo complicado del arbitraje, ha dicho que estima que muy pocas empresas considerarían esta opción.

En ese sentido, Conde Claus reconoció que "muchas empresas preferirían llegar a un acuerdo", desde la postura de la cámara, se trataría de la mejor opción, pues aseguran que "lo peor sería llegar a un litigio", además de que un acuerdo mejoraría la percepción del mercado sobre el gobierno. 

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