Justicia
Los escándalos de tres ministros de la Corte ya preocupan al círculo rojo empresarial
Aguilar investigado por licitaciones irregulares. Esquivel y Pérez Dayán también comprometidos. Temor por la seguridad jurídica en el país.

La Suprema Corte es vista por el círculo rojo empresarial como el último dique de contención de ciertas políticas del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador que se entienden como agresivas para el clima de negocios del país.

Es por eso que generan inquietud una serie de escándalos y situaciones irregulares que complican la actualidad de por lo menos tres ministros del máximo tribunal: Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayan y Yasmín Esquivel.

Desde hace algunas semanas la Comisión Nacional Bancaria y de Valores está investigado los movimientos financieros y presuntos presta nombres del ex presidente de la Corte, Aguilar Morales. 

El cerco en torno a Aguilar creció a raíz de lo encontrado en las cuentas de Francisco Pérez Maqueda, quien en su presidencia fungía como Director General de Inmuebles y Mantenimiento del Poder Judicial Federal. Todas las obras que realizaron, cientos de ellas por adjudicación directa, están bajo investigación.

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Por ese motivo, se ha dado lugar a una fiscalización de las cuentas de Luis María Aguilar y de su entorno más cercano. Pérez Maqueda era por cierto vecino, amigo y compadre del ministro.

Según pudo conocer LPO, en las investigaciones federales que lleva la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, (Requerimiento 110/F/B/1372/2020) con todas las instituciones financieras nacionales, aparecen, además del ministro, su hermana María Elena, la familia Arrangoiz Moheno, empresas ganadoras de licitaciones en su gestión y presuntos prestanombres.

Esta faceta de la actualidad del ministro Aguilar alimenta la percepción de que parece votar, particularmente en la Segunda Sala, consistentemente a favor de los intereses de la pasada administración peñista y de proteger a funcionarios de ese gobierno. 

Por cierto: en las investigaciones en torno a lo sucedido con Pérez Maqueda, en las instalaciones del Consejo de la Judicatura Federal, involucrarían a otro ministro de la Corte.

Alberto G. Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte.

Los ministros Yasmín Esquivel y Alberto G. Pérez Dayán también aparecen complicados. Ambos obtuvieron de manera extraña una identificación consular en San Antonio, como reveló el portal Sin Embargo.

Aquí incluso Pérez Dayán habría proporcionado una dirección falsa. Mientras que la ministra Esquivel sí otorgó la dirección de la casa de su marido en esa ciudad texana, el empresario José María Rioboó. Se sospecha que ambos pretendieron usar la credencial consular para contar con identificación valida en Texas y lograr así acceder a la vacuna contra el Covid-19. Algo que ellos han negado.

Esquivel, por cierto, ha tenido también todo tipo de gestiones electorales que la sitúan cercana al Presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas Valdés -investigado por tanto la FGR, la UIF y más recientemente por el CJF- y a quién el periódico Reforma ha apodado como #MagistradoBilletes por las denuncias en su contra y los excesos que a menudo comete tratándose de recursos públicos, como la semana pasado acusaron sus compañeros magistrados y el organismo que lo administra, el Consejo de la Judicatura Federal.

México, al hablar de la Corte, en lugar de hablar sobre sus sentencias, cada vez se habla más sobre las irregularidades y excesos de algunos de sus integrantes.

Asimismo, la ministra Esquivel ha sido pieza usada por la 4T para intentar mantener vigentes sus políticas energéticas y militaristas. Esto le ha generado animadversión ya de la mayoría de los ministros. Incluso de algunos de los nombrados ya por  López Orador.

Así que en México, al hablar de la Corte, en lugar de hablar sobre sus sentencias, cada vez se habla más sobre las irregularidades y excesos de algunos de sus integrantes.

Esta debilidad institucional no podría venir en peor momento para la estabilidad del país, la certeza jurídica y la credibilidad del Poder Judicial Federal, pues la Corte tiene litigios muy sensibles. Para entender: remuneración de funcionarios públicos, facultades de organismos autónomos, la actuación de los militares en materia de seguridad pública y desde luego vendrán los litigios en materia eléctrica y el desafuero del gobernador de Tamaulipas.

El pasado miércoles se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, la reforma constitucional al Poder Judicial Federal. La pregunta que flota en el círculo empresarial es sobre  si los máximos órganos jurisdiccionales del país, la Suprema Corte y el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal resistirán los embates que vienen, dada la debilidad de varios de sus cuestionados integrantes.


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