Se confirmaron los temores en el sector privado energético: la 4T ahora endurece la postura y va por revocar permisos a los concesionarios que se relacionen con delitos como contrabando de gasolinas, lo que será una realidad si el Congreso aprueba la nueva iniciativa de reforma enviada por el presidente López Obrador.

La propuesta de reforma a la Ley de Hidrocarburos ya fue remitida al Congreso desde este viernes. Entre otros temas, plantea la "suspensión de permisos por peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional", en línea con el plan de que las empresas productivas del Estado jueguen un papel más activo en el tratamiento y refinación de petróleo, procesamiento de gas natural y exportación e importación de hidrocarburos y petrolíferos, así como transporte, almacenamiento y distribución, comercialización, expedido de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímica.

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La secretaría de Energía, Rocío Nahle, confirmó este fin de semana, a través de su cuenta de Twitter, que esta nueva propuesta busca sancionar y cancelar "permisos a quienes incurran en ilícitos; contrabando y de alteración del componente de combustibles y vigila el balance en el mercado y el almacenamiento".

Tal como ocurrió en el sector eléctrico, esta reforma retoma la política de almacenamiento que había sido suspendida por un juez -el mismo que ha dado dolores de cabeza a la 4T por la política de seguridad de despacho eléctrico- y que como temían players del sector supondría una serie de revocaciones de contratos y sanciones. Antes de llegar a eso, los privados buscaron la ley para ampararse, pero ahora, la propuesta será constitucional.

De acuerdo con la iniciativa, a la que tuvo acceso LPO, propone en ese sentido continuar con la política de Sener de reducir los años de permiso de 20 a 5 años, pero también instruye que ahora las empresas interesadas deben demostrar que cuentan con la capacidad de almacenamiento determinado por la Sener. También señala que "si no existe una resolución a una solicitud expresa para la expedición de permisos, en lugar de que se presuma que ésta fue aprobada, ahora debe entenderse que la respuesta de la autoridad es negativa o desfavorable para el solicitante".

En la misma vía plantea "perseguir y sancionar" a los expendedores que han incurrido en conductas de posesión, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización contrarias a derecho, cuyo objetivo principal es el lucro económico al margen de la ley.

Esta iniciativa también habla de la posibilidad de suspender concesiones en el caso de las gasolinas, tal como ya había anunciado el presidente en una mañanera el pasado 11 de marzo, relacionado a un despacho de gasolina menor al que pagan consumidores. En su justificación, explican que, de acuerdo con cálculos de Diputados, por este delito se pierde hasta 1 millón 736 mil litros, lo que implica que quienes lo realizan tienen ganancias por hasta 33 millones 539,520 pesos diarios.

También propone revocar permisos en el caso de contrabando de hidrocarburos, petrolíferos y pertroquímicos. El gobierno explica que, por este delito, tan solo en 2020 el Fisco perdió hasta 12 mil millones de pesos en ingresos tributarios por el contrabando de combustibles.

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En el sector ya genera algunas reacciones, desde quienes opinan que con esta medida va en la ruta de una expropiación, hasta quienes recuerdan que las tensiones en el sector energético están propiciando mayor incertidumbre para el mercado inversionista.

"Los cambios están muy ambiguos, y dejan a la nación inmersa en problemas legales ante instancias internacionales ante posibles juicios, además de crear una incertidumbre mayor en el mercado de comercialización de petrolíferos", señaló el consultor del sector, Ramsés Pech.