España
Viaje al interior del conflicto del metal que paraliza Cádiz
El sector del metal en Cádiz entró en huelga el pasado jueves . La negociación con la patronal está rota. El conflicto afecta a casi 30.000 trabajadores y 5.600 empresas.

 El sector del metal en Cádiz lleva a cabo una huelga de cáracter indefinido convocada por la centrales sindicales para forzar una revisión del convenio colectivo aunque los trabajadores no han llegado de momento a un acuerdo con la Federación de Empresarios del Metal de la provincia (Femca).

El gobierno de Pedro Sánchez mira con preocupación la medida de fuerza, en medio de los cortes de calles y avenidas y las barricadas que han cortado el transporte.

Las empresas aducen que no cuentan con la capacidad para actualizar los sueldos del sector en 2, 2,5 y 3% al año. El secretario provincial de Industria de CCOO (principal central obrera del país), Juan Linares, aseguró que la patronal "no se ha movido prácticamente nada" en su postura inicial, por lo que las negociaciones están rotas. Más de 20 mil trabajadores participan de la huelga y esta mañana avanzaron hacia las zonas industriales para proseguir con la protesta.

El alcalde de Cádiz, José María González, conocido como el "Kichi", expresó su apoyo a los manifestantes y declaró que "hemos tenido que meterle fuego para que en Madrid se fijen en nosotros". "En Cádiz somos obreros y no delincuentes. Lo que hacemos es defender el plato de comida encima de la mesa y nada más y que no venga nadie a insinuar siquiera que en Cádiz se montan barricadas y que son cuatro exaltados los que están quemado coche", dijo rodeado de huelguistas.

El conflicto afecta a casi 30.000 trabajadores y 5.600 empresas-, sacando a la superficie los problemas profundos que arrastra una industria con gran protagonismo del sector público y multinacionales, que debe lidiar con los cambios que impone la economía globalizada.

"Cobramos 1.200 euros de base. Con eso no podemos vivir, tenemos que trabajar 12 horas los siete días a la semana para tener un sueldo más o menos digno", dijo a LPO David Rincón Martínez, trabajador que despidieron el pasado viernes de un pequeña empresa familiar que depende de las subcontratos de la industria naval de la bahía de Cádiz.

El conflicto afecta a casi 30.000 trabajadores y 5.600 empresas-, sacando a la superficie los problemas profundos que arrastra una industria con gran protagonismo del sector público y multinacionales, que debe lidiar con los cambios que impone la economía globalizada.

Rincón Martínez fue despedido tras participar de la manifestación que este mediodía culminó con enfrentamientos entre la policía y un grupo de trabajadores y estudiantes que tenían la intención de cortar la circulación del puente Carranza, uno de los principales accesos a la bahía.

En juego no hay despidos masivos ni el cierre de alguna gran empresa al margen de los cambios previstos por Airbus, sino que debaten sobre el ajuste de los sueldos a la inflación, que se disparó este año a más de 5 %, el nivel más alto en casi 30 años.

La sociedad gaditana, que se muestra solidaria con el reclamo de los trabajadores en huelga pero no admite la violencia, también se está agotando. Con un desempleo que ronda el 23%, muy por encima del 14,5% de la media española, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), y mucho empleo informal, la salida de la crisis provocada por la pandemia apenas se vislumbra, por lo que nadie desea que la incertidumbre persista y el conflicto se recrudezca.

Con este telón de fondo, gases, balas de goma, barricadas con contenedores, restos de cristales y piedras quedaron hoy esparcidos sobre la principal avenida de Cádiz como vestigio de la batalla campal que se libró en el marco del octavo día de huelga y que dejó varios manifestantes heridos leves, según pudo comprobar LPO.

El tono de la nueva protesta-que fue cifrada en 1.500 personas por la Subdelegación del Gobierno y unos 3.000 por los organizadores-, era pacífico. A su paso, los manifestantes que sumaron apoyos transversales del Sindicato de Estudiantes y la Marea de Pensionistas, recogieron el aliento y los aplausos de vecinos y trabajadores del hospital Universitario. "Que no, que no, que no queremos que la bahía sea otro Benidorm -emblema de destino turístico sobreexplotado-", coreaban jóvenes estudiantes junto a otros trabajadores solidarizados con el lucha del sector del metal, una industria históricamente poderosa en la zona pero que lleva décadas en crisis y agudizó su declive tras el cierre de la multinacional de automoción Delphi en 2007, seguido por Visteon, Gadir Solar, Altadis o LTK.

Con un desempleo que ronda el 23%, muy por encima del 14,5% de la media española, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), y mucho empleo informal, la salida de la crisis provocada por la pandemia apenas se vislumbra, por lo que nadie desea que la incertidumbre persista y el conflicto se recrudezca.

Por su parte, Pablo Alcántara, propietario del bar Premier Café, situado en la avenida donde se produjeron los enfrentamientos, se mostraba preocupado: "Queremos que el conflicto se resuelva cuanto antes y sin violencia. El metal es un sector importante y si ellos no tienen dinero, entonces nos va mal a todos".

"Que intervenga la policía es echar gasolina al fuego, es innecesario. Esto perjudica las negociaciones", confió a LPO un empresario del sector.

La virulencia que está adquiriendo la huelga de metal de Cádiz recuerda a las duras batalles que libró el sector naval en los años 80 y 90 en medio de la reconversión y el riesgo de cierre de astilleros.

"Esta guerra comenzó en el año 84 cuando tuvieron que salir del sector muchos jóvenes y otros compañeros se prejubilaron. Pero esta puede ser la última batalla. Hay que frenar la sangría derogando la reforma laboral, que lo único que ha traído es precariedad, por eso luchan los trabajadores del metal", defiende Paquita López Fernández, ex trabajadora de los astilleros que lidera la Marea Pensionista.

Aunque el contexto socioeconómico de Cádiz no es muchísimo mejor que en aquellos años, los motivos de la actual huelga son distintos. Lo que disparó el conflicto fueron las discrepancias en las negociaciones a la hora de ajustar el convenio para que los trabajadores no perdieran poder adquisitivo.

"La patronal ha mantenido una posición constante de no querer negociar sobre todo con el tema del IPC, que está en el 5,4 %, y la propuesta de la patronal era un 0 por ciento en el año 2021. Si firmamos eso estamos empobreciendo a los trabajadores, y no estamos dispuestos a hacerlo", explicó a LPO Juan Arroyo, coordinador de Industrias auxiliares de UGT.

La última propuesta, sin embargo, mejoró y los sindicatos igualmente la rechazaron. Los trabajadores piden una subida del 2,5% más el IPC anual para 2022 y un 3% más IPC en 2023, además de una rebaja de 4 horas de trabajo al año. Por su parte, la patronal ofreció un convenio de tres años (2021-2023) y un ajuste en relación con la inflación del 2% retroactivo hasta el 1 de junio de 2021 e igual porcentaje en los dos siguientes. También facilidades para pagar los retroactivos y diferencias si la inflación es mayor a lo pactado.

La patronal ha mantenido una posición constante de no querer negociar sobre todo con el tema del IPC, que está en el 5,4 %, y la propuesta de la patronal era un 0 por ciento en el año 2021. Si firmamos eso estamos empobreciendo a los trabajadores, y no estamos dispuestos a hacerlo

Del lado sindical hay desconfianza y argumentan que el problema más grande que tienen es que la mayoría de los trabajadores- 3 de cada 4- son eventuales y no podrán recuperar poder adquisitivo de forma retroactiva.

"Además del tema del IPC, cuando empezamos a negociar presentamos propuestas y nuestro punto estrella era el reclamo del PTTP (Plus tóxico penoso y peligroso) para los eventuales, ya que se perdió en 2013 con la reforma laboral", remarcó Arroyo.

Según el relato del sindicalista, FEMCA hizo una contrapropuesta, algo que casi nunca habían hecho, quitando pagas y aumentando la jornada laboral.

"Plantearon lo que decía el ex presidente de la CEO que entró en la cárcel (en referencia a Gerardo Díaz Ferrán): ganar menos y trabajar más. Entiendo yo que para meternos miedo. En el año 2013, con el PP con mayoría absoluta teníamos un poco de miedo, pero ahora mismo con los laudos arbitrales que hay de los inspectores de trabajo, de los jueces, no tenemos miedo", sentenció.

La FEMCA niega querer rebajar derechos y argumenta que el ajuste por inflación que reclaman los sindicatos supondría un gran golpe para la industria gaditana, que perdería competitividad. "Con la subida de la luz, el precio del transporte, los gastos asociados a la pandemia, los márgenes han disminuido", defiende un empresario cercano a las negociaciones.

Muchos de los problemas del sector apuntan a Navantia, la sociedad pública que concentra la construcción naval civil y militar de la bahía.

Las empresas auxiliares firman contratos de tres años, con lo que luego no pueden hacer ajustes de precios. Además, a las licitaciones públicas entran empresas que ni respetan el convenio pero son más baratas, denuncian empresarios.

Precisamente por Navantia y otras empresa tractoras como Dragados Offshore también pasa gran parte de las posibilidades de que el sector pueda ser competitivo a pesar de que los países asiáticos se llevan el 80% de los contratos.

La FEMCA niega querer rebajar derechos y argumenta que el ajuste por inflación que reclaman los sindicatos supondría un gran golpe para la industria gaditana, que perdería competitividad

"Sería clave que exijan de verdad el cumplimiento del convenio, luego que firmen un compromiso a varios años, 3, 4 o 5, y con varias empresas pero todas con unos precios justos y cumpliendo el convenio con esto conseguimos estabilidad en las subcontratas y luego que el convenio sea a medio plazo, 3 años mínimo para que las empresas ajusten sus costes y puedan ofertar bien y ser competitivas en el mercado fuera de la Bahía", sostiene un joven empresario que apuesta por la innovación.

La patronal advierte que de prolongarse el conflicto las posibilidades de recuperación serán menores, ya que le próximo año no pinta bien para el sector, que puede beneficiarse de los fondos europeos, pero que tendrá que esperar para ver resultados en términos de carga laboral.

Si en algo coinciden empresarios y sindicalistas es en que no renuncian a que la industria gaditana tenga un futuro, aunque por ahora no se pongan de acuerdo para despejar el camino. 

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