Opinión
Administrar los derechos
Por Luis Fernando Garza
El desafío que asoma para la segunda parte del sexenio es el de impulsar una reforma fiscal que permita consolidar al Insabi y a los programas sociales de la 4T.

El catedrático francés Thomas Piketty, tal vez el teórico más grande de la actualidad en materia de desigualdades sociales viene advirtiendo en diversos espacios noticiosos sobre el problema que tendrá el capitalismo neoliberal en el mundo post pandemia para insistir en su tesis de que cuanto menos estado, mejor desempeño macroeconómico.

Según el profesor de La Sorbonne, en la economía que viene será de gran necesidad todo lo contrario: un Estado presente para asegurar capacidad sanitaria y además ordenar la debacle económico que ha dejado el virus.

En México el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha manejado con coherencia discursiva al sostener todos los planes de ayuda social, apoyar a las pequeñas y medianas empresas y evitar cualquier tipo de rescate al capital concentrado.

El Gobierno Federal ha consagrado en la Constitución una serie de nuevos derechos para los más desprotegidos que ya serán muy difíciles de remover a futuro, ya sea por las mayorías legislativas que se requieren como también por el costo político que eso le implicaría a un gobernante.

El elemento central de esta política de apoyos es que estos se asignan mediante una tarjeta en posesión de los favorecidos y de ese modo se evita cualquier tipo de utilización política. Cuando el Banco del Bienestar sea una realidad, el avance de la bancarización del país será prominente.

El desafío que asoma para la segunda parte del sexenio es el de impulsar una reforma fiscal que permita mejorar infraestructura y consolidar al Insabi para proteger a la población.

A diferencia de sexenios anteriores, el presidente actual tiene su foco en administrar nuevos derechos, expandirlos y lograr así una sociedad más acorde al mundo que nos espera.

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