Justicia
Broncofirmas: la clave en el Congreso
Por Félix Arratia Cruz
¿El Legislativo de NL busca efectivamente remover Jaime Rodríguez Calderón o solo se trata de una sobreactuación? Factores decisivos.

El 23 de septiembre, el Congreso del Estado decidió expedir las Reglas mediante las cuales aplicará la sanción para el Gobernador y su Secretario General de Gobierno por faltar a la neutralidad de la contienda política de la elección presidencial en 2018, pues usaron el personal del Gobierno del Estado para recaudar firmas para la candidatura independiente.

Entre los profesionales de derecho se considera que con el fin de no dejar en impunidad la responsabilidad de los servidores públicos involucrados, procedería el juicio político, cuya competencia para sustanciar y resolver corresponde a la Legislatura estatal; sin embargo, por diversos motivos, desde la perspectiva del suscrito, no es el camino indicado para determinar la sanción.

La infracción en materia electoral cometida por los servidores públicos (principio de equidad en materia electoral y el uso parcial de recursos públicos), no se ubica dentro de los supuestos previstos para la procedencia del juicio político, los cuales se refieren, en esencia, a conductas graves que atentan contra otro tipo de valores fundamentales: ataque a instituciones democráticas, ataques a la forma de Gobierno del Estado, violaciones a derechos humanos, usurpación de atribuciones, entre otras, mismas que no implican supuestos por los cuales el Tribunal Electoral los sancionó.

Además, el iniciar un juicio político implicaría abrir un proceso para determinar la culpabilidad de los servidores públicos, por lo que implicaría realizar un doble examen sobre su culpabilidad, y ello acarrearía una inejecución de la sentencia de los Tribunales Electorales, mismos que ya determinaron que el Gobernador y el Secretario de Gobierno son responsables por el uso indebido de recursos públicos, y debe sancionárseles.

También, por otro lado, en el caso de que se aplique el juicio político como vía para sancionar las Broncofirmas y se declare la culpabilidad, solamente se les podría sancionar a los infractores con la destitución e inhabilitación, por lo cual, la sanción sería extremadamente punitiva, misma que no contiene un catálogo de sanciones que permita al menos otorgarles el derecho de optar por una proporcionalidad de la sanción, atentando además contra el principio non reformatio impeius.

En cambio, aplicar las Reglas aprobadas por el Congreso permitiría ejecutar la sentencia aplicando una sanción directa, sin dar espacio para discutir si Jaime y Manuel son culpables o no; pues, se insiste, la culpabilidad ya fue acreditada por los Tribunales Electorales, por lo que aplicar una sanción directa erradicaría la necesidad de establecer un procedimiento robusto como lo es el juicio político.

La sanción por aplicar podría ser: apercibimiento, amonestación, multa, destitución o inhabilitación. Lo que interesa, son estas dos últimas.

Además, con la aplicación de Reglas Procesales, el margen de impugnación para el Gobernador y el Secretario de Gobierno se hace demasiado estrecho; solamente le quedaría una instancia y una oportunidad: la Sala Superior del Tribunal Electoral. Los demás recursos no procederían.

Si pudiéramos trasladarlo a un ejemplo práctico para nosotros los regios, es como si al Congreso del Estado le dieran la oportunidad de tirar desde el manchón penal o desde tiro libre indirecto; la respuesta es obvia.

Así pues, el Congreso ha decidido la vía idónea para sancionar al Gobernador y al Secretario de Gobierno, ya solo faltaría que los diputados decidan qué sanción imponer.

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