Medio Ambiente
Contaminación y corrupción
Por Miguel Martínez Ríos
Irregularidades en los mecanismos de control afectan las normas ambientales en el Valle de México.

 En esta ocasión les presento una contradicción que es tanto peligrosa como funesta, me refiero a la insistencia de la postura institucional que argumenta que la mala calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) es producto de las emisiones de los automóviles y aunque hay poco espacio para debatirlo, es la misma institucionalidad la que patrocina el aumento de la polución y de la que ha hecho un negocio multimillonario pero ilegal que cuesta miles de vidas al año. Específicamente hablo de la verificación vehicular en el Estado de México, un trámite semestral de rutina para medir las emisiones de los millones de autos que circulan en la entidad, pero que está envuelto de irregularidades desde hace varios años y que no ha sido un tema que sea analizado a profundidad tanto en la academia como en medios de comunicación a pesar de su fácil visibilidad.

El asunto no es menor debido a las altas concentraciones de partículas contaminantes PM10 y a los elevados niveles de ozono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y monóxido de carbono que se acumulan en el aire, sobretodo en la ZMVM, que es una de las ciudades más contaminadas del mundo. Por ello, las entidades que son parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, entre ellas, el Estado de México, han puesto en marcha una ambiciosa política de corte ambiental para mitigar la contaminación atmosférica que producen los autos y otras actividades económicas. Actualmente el programa Hoy No Circula es el referente más importante, pero del papel a la práctica hay distancias considerables.

Después de realizar una indagación más profunda a partir de la experiencia propia, la de otros automovilistas mexiquenses, así como de investigación de gabinete, se han podido encontrar intersecciones sobre el modus operandi de los verificentros mexiquenses, que actúan con irregularidades generalizadas, extorsiones, engaños a los usuarios y sobornos casi obligatorios para obtener el holograma que permite la circulación en la región.

En las instalaciones de dichos lugares al llegar a solicitar el trámite, los coyotes y hasta los empleados del lugar, ofrecen el llamado "salto" o "ayuda", incluso sin haberlo mencionado y sin ningún tipo de temor a ser vistos o escuchados. Los costos de esta operación ilícita oscilan entre los 200 a 300 pesos por auto según la persona que lo lleve o según como lo observen. En algunas ocasiones hasta se ofrece un presupuesto inflado que incluye la mordida junto con el costo real del trámite que actualmente va desde los 398 a los 896 pesos según el holograma que corresponda y sin consultarle al usuario si requiere la "ayuda". Resulta aún más irónico que el dinero del soborno deba pagarse en la misma caja donde se realizan los cobros del trámite, como si fuera un producto cualquiera adicional, con ello revelando la normalización de la corrupción en su trabajo cotidiano.

En caso de que el usuario se rehúse a incurrir en este acto, no se niega el servicio, pero el resultado de la verificación en la mayoría de las ocasiones será de un rechazo por supuestamente incumplir con la norma, pues los niveles reportados para el vehículo en cuestión se multiplicarán en varias veces el límite permitido de contaminantes, aunque el auto se encuentre en perfectas condiciones. Por otro lado, al pagar el "salto" se limitarán a hacer la prueba de emisiones OBD (Sistema de Diagnóstico a Bordo, por sus siglas en inglés) en una computadora y en el talón de aprobación únicamente aparecerá el folio pero sin ningún resultado visible, siendo que el informe OBD es obligatorio para todo auto que fue sometido a la medición. Cuando existe el rechazo en la verificación, sí se otorga una hoja con los valores mencionados, pero no hay ninguna manera de impugnar el resultado que seguramente fue manipulado. En cambio, la misma persona que entrega esta hoja, puede ofrecerte nuevamente la "ayuda" para que no tengas problemas en el siguiente intento, lo que prácticamente obliga al automovilista a ser partícipe de este tipo de corrupción que podría llegar a interpretarse como una especie de extorsión. Esta situación está tan asimilada que los empleados mencionan que el "servicio" se ofrece para aquellas personas que no pudieron afinar sus autos y que necesitan circular "que es más por ayudar y no se busca perjudicar a nadie". Pero también hay que mencionar que muchos automovilistas son quienes lo solicitan.

El otro contraste es que en un verificentro mexiquense, se pueden hallar en abundancia autos en pésimas condiciones, emitiendo humo y con claros problemas mecánicos, acreditando la verificación sin problema alguno pues pagan el "salto". También se pueden observar a los coyotes que llevan cantidades considerables de autos y que ganan una comisión por verificar al mayoreo, todos ellos por supuesto pagando el soborno. Cabe aclarar que aunque quienes operan estos centros son particulares, están acreditados por las instancias gubernamentales estatales y al volverse la situación tan sistemática, no hay espacio para dudar que la corrupción está presente en ambos grupos de actores y a los niveles más altos de la administración pública del estado, especialmente en la Secretaría del Medio Ambiente local.

Esta forma de operar los trámites vehiculares en la entidad ha impactado el mercado de autos nuevos y usados en la ZMVM. Hoy día, tener placas del Estado de México es monetariamente más redituable así sea un auto usado que se encuentre en malas condiciones, puesto que no tendrá mayores problemas para continuar circulando sin necesidad de llevarlo a reparar. Caso contrario, un auto usado con placas de la Ciudad de México tendrá un valor menor debido a que en esta última entidad, la corrupción en los verificentros aunque existe, es más complicada y cara, ya que un "salto" puede llegar a costar hasta los 1,500 pesos. Lo lamentable de esta situación es que las afectaciones al ambiente y a la calidad del aire no acaban en el límite territorial donde se realizó el hecho de corrupción y hay una cifra incalculable de autos que pagan para obtener el holograma que les permite circular aunque estén violando la norma, cuyas consecuencias en la realidad contribuyen a la muerte de miles de personas en la metrópolis y que están relacionadas directamente con la contaminación atmosférica.

Otra paradoja se halla en el apoyado discurso sobre la privatización de servicios y tareas gubernamentales con el argumento de que estas se harán con mayor eficiencia y menor corrupción. Ha quedado comprobado que esto no sucede así, pues con altos niveles de impunidad, desinformación e ilegalidad, los actores privados aprovechan para obtener mayor rentabilidad y abusan del adelgazamiento estatal para fines meramente personales en contubernio con las instancias gubernamentales. En una entidad como el Estado de México, donde la credibilidad de sus instituciones es prácticamente nula, se cae en un abismo sin fondo ya que hasta en el aire se halla la descomposición profunda de un gobierno indiferente.

Para terminar, es importante realizar una reflexión acerca de los alcances de la corrupción en distintas escalas y sobretodo cómo se reproduce, pues el discurso oficial funciona más como una simulación y la forma de actuar de los gobiernos revela que es más importante la acumulación de riqueza de forma ilícita en pequeños grupos privilegiados, que garantizar los derechos a la vida y a un medioambiente sano para todos. Lo que a cientos de miles de automovilistas pareciera ayudarles, realmente les podría resultar muy costoso, porque es un bucle sin fin que va en detrimento de sus autos, sus finanzas y hasta de sus propias existencias, sin mencionar a las víctimas que no son poseedoras de un automóvil y que son la mayoría, pero que pagan las consecuencias de respirar un aire impregnado de muerte, vicio e impunidad. 

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