Medios
El gobierno mexicano se impone a las plataformas digitales
Por Juan Torres Esquivel
Los diputados aprobaron nuevas regulaciones a Uber, Airbnb, Spotify, Didi o Netflix. Palacio Nacional jugó bien sus cartas.

Las plataformas digitales representan una de las revoluciones digitales más importantes en la historia económica de la humanidad. Este modelo económico representa una disrupción en todos los sentidos y su implementación mundial transformó la manera en que las empresas y los consumidores hacemos transacciones comerciales.

Este cambio también ha abierto las puertas a disputas entre las industrias y el gobierno, y el rol que éste debería asumir frente a las plataformas. Hasta el momento, los principales conflictos se han dado en el terreno de los contenidos, como sucedió con la batalla de los medios de comunicación y Google, o en materia de prestación de servicios, como con los taxistas y las aplicaciones como DiDi o Uber.

Cada vez es más evidente que el gobierno necesita poner orden en estas disputas comerciales, a fin de normatizar la competencia, tal y como ocurre en otras partes del mundo, donde se han comenzado a discutir la idoneidad de regular fiscalmente a las plataformas digitales.

Hasta ahora, las plataformas habían logrado esquivar la mano reguladora de los Estados trasladando su operación central a Estados Unidos, no obstante la competencia que ejercen sobre sus competidores con estas acciones, generan una competencia desleal dentro de las economías locales con sus competidores.

En México esta discusión recién ha comenzado. En la Cámara de Diputados se ha impuesto una serie de nuevas regulaciones a los operadores de las plataformas digitales. De acuerdo con la Ley de Ingresos 2020, los diputados establecieron nuevas normas fiscales a los servicios de plataformas digitales como Uber, Airbnb, Spotify, Didi y Netflix que entrarán en vigor a partir de junio 2020. Se amplió el plazo que habían solicitado empresas como Mercado Libre y Amazon por la complejidad de los requisitos que desde el Legislativo se les estaba imponiendo a las plataformas.

Por otro lado, los legisladores suspendieron el bloqueo que habían planteado para aquellas plataformas que incumplieran en diversas obligaciones de registro al Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como de no presentar tres declaraciones consecutivas de pago o informativas. Este era una de las medidas más polémicas del dictamen y que motivó una enorme discusión en redes sociales, así como al interior de las empresas afectadas.

De acuerdo con Google México, dicho bloqueo hubiera representado un costo de 6 mil 435 millones de pesos. Un costo muy elevado si consideramos que, dentro de la propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se había considerado que la incorporación de estos gravámenes representaría un monto de 3 mil 500 millones de pesos a las arcas públicas. Las sanciones comerciales serían de cerca del doble de lo que se pensaba recaudar.

De acuerdo con Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las plataformas digitales deben pagar impuestos en el país donde operan, toda vez que ejercen "una presión competitiva desleal sobre las empresas nacionales que cada vez son menos capaces de competir (...) las ventas de bienes en línea libres de IVA o de impuestos".

Es importante resaltar que estas empresas no se han negado al pago de impuestos, incluso han mencionado que ven con buenos ojos las actualizaciones de estos marcos legales. La popularidad de estos servicios en gran medida se debe al enorme abandono de los consumidores mexicanos tienen por parte de las empresas nacionales, como ha sido el caso de DiDi, Uber, Cabify y Beat en su lucha contra el gremio taxista.

Las plataformas digitales han cobrado fuerza principalmente porque han llenado un vacío que los consumidores tenían con las empresas nacionales o de los servicios del Estado. La gran popularidad de Uber no sólo se debe a que presta un mejor servicio de movilidad, además es una fuente de empleo para muchas personas, empleos que el gobierno no está cubriendo. De acuerdo con un estudio de GEA e ISA, el 86% de los usuarios mexicanos considera que el precio de los servicios de transporte a través de apps es justo, considerando la seguridad y las facilidades de pago que obtienen de las mismas.

Como sucede con cualquier revolución, la disrupción de las plataformas digitales generó un fuerte jaloneo de fuerzas, en este caso económicas. Por un lado las empresas "tradicionales" han estado pidiendo la intervención del gobierno para regularlas y poner un campo de juego "parejo" para ambos. Por el otro, los consumidores están buscando satisfacer sus necesidades maximizando sus ganancias y minimizando sus costos. En este caso considero que el gobierno mexicano ha jugado bien sus cartas y ha logrado un acuerdo que hasta el momento luce ganador para todas las partes involucradas. Esperemos que estos recursos que recibirán por estos impuestos se reflejen en mejores servicios para los mexicanos. De lo contrario, como siempre, el contribuyente será el único perjudicado.


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