Justicia
Un nuevo golpe a transportistas
Por Félix Arratia Cruz
Una iniciativa federal pretende ahora restringir la vialidad de los camiones de doble remolque, conocidos como camiones “full”.

En los últimos meses, la mayoría de los municipios del área metropolitana de Monterrey trataron de aprobar un reglamento homologado de vialidad y tránsito que restringía a los transportes de carga pesada en cuanto a vías de circulación y horarios. Esa idea naufragó a nivel judicial y luego los propios alcaldes aceptaron una etapa de revisión y negociación con las cámaras empresarias. Sin embargo, en paralelo a esta situación estatal, a nivel de la Federación se estaría cocinando un nuevo golpe a los transportistas.

A través de una iniciativa de ley de legisladores federales provenientes de varios grupos legislativos, se pretende ahora en los caminos de jurisdicción federal restringir la vialidad de los camiones de doble remolque, conocidos comúnmente como camiones “full”.

Esta iniciativa de reforma a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte federal se presenta principalmente bajo la justificación de que los camiones doblemente articulados representan una fuente de tráfico vehicular, y son un peligro en vialidades y zonas urbanas; sin embargo, al momento de restringir este tipo de unidades se crearía un mayor congestionamiento debido a que el número de camiones en circulación aumentaría y ayudaría muy poco a corregir los accidentes viales, pues según las estadísticas del Instituto Mexicano del Transporte, en 2015 se registraron 22,036 accidentes de carretera en todo el país, de los cuales, únicamente el 1.2 % tiene relación con este tipo de unidades, y apenas en el .8 % de los casos, los transportistas fueron los responsables.

La visión limitada de los legisladores no les permite ver el pequeño hecho de que esta medida provocará que casi todos los artículos y objetos con los que interactuamos diariamente suban de precio, debido al alza en el costo administrativo que genera para el transportista, el cual, por cierto, se adicionará precisamente en el precio de venta.

Con este tipo de medidas los perjudicados no son los transportistas o las empresas comercializadoras, sino todos los habitantes que compren un determinado producto transportado por vía terrestre… ¿Tendrán los legisladores idea de lo que proponen?

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