Editorial
Álvarez Puga y la operación "Querubines"
Por Hernán Gómez Bruera
La investigación contra el hombre que se encargó de ocultar dinero mal habido de políticos y empresarios en México.

Víctor Manuel e Inés Gómez Mont -a quienes un juez federal dictó recientemente orden de aprehensión-- son esos típicos personajes del jet set y las revistas de sociales que por su cercanía a los círculos de la alta sociedad y apariencia física, son recibidos y celebrados entre cierta élite como "gente decente", sin cuestionar el origen de su patrimonio ni su reputación.

En julio de 2019, por ejemplo, la revista Gente con clase titulaba: "Él es Víctor Álvarez Puga, el enamorado esposo de Inés Gómez Mont". Además de lavarle la cara al facturero, retratándolo como "un abogado mexicano que creció en el seno de una familia de comerciantes", sin mencionar evidentemente su verdadero giro, la publicación se refería a él como un generoso filántropo que ayuda a los más pobres.

La orden de aprehensión girada recientemente en contra de Álvarez Puga y su esposa -conocidos entre quienes los investigaron como "los querubines", por el rostro angelical que exhibían en las fotografías de sociales-- golpea en uno de los centros neurálgicos de las operaciones de lavado de dinero y defraudación fiscal en México.

Si Raúl Beyruti -a quien se le giró una orden de aprehensión en febrero- ha sido el rey del outsourcing, Álvarez Puga es probablemente el mayor facturero del país en lo que respecta a desvío de recursos públicos.

El caso -resultado de una minuciosa investigación a cargo de la Procuraduría Fiscal de la Federación-- resulta particularmente importante porque Álvarez Puga ha sido por varios años el hombre que se encargó de ocultar dinero mal habido de políticos y empresarios y uno que otro miembro de la delincuencia organizada, mediante la creación de decenas de empresas fantasma y cuentas bancarias volátiles que desparecían ante la menor investigación, tras ser utilizadas para triangular recursos y bancarizar el dinero.

Por esa misma razón, para la Procuraduría Fiscal que encabeza Carlos Romero Aranda no fue fácil llegar al fondo del asunto, y quienes tuvieron a su cargo la pesquisa enfrentaron fuertes presiones --incluso adentro de la propia 4T-- donde algunos políticos y empresarios cercanos al actual gobierno buscaron interceder a favor de Álvarez Puga para que su caso no se judicializara.

Es sabido que Víctor Manuel es socio, pupilo y heredero de Sergio Castro López, quien llevó el modelo de subcontratación y la venta de facturas a otro nivel durante la década del 2000. Tras la caída de este último por escándalos financieros con el gobernador Mario Marín, varias empresas continuaron con sus prácticas de evasión fiscal y lavado de dinero, siendo Álvarez Puga uno de los principales.

En 2010, la firma Álvarez Puga & Asociados -en la que participa también Alejandro, el hermano de Víctor Manuel-- ya había sido investigada por el SAT por defraudación fiscal y lavado de dinero. Incluso en abril de ese año las oficinas de la empresa fueron cateadas por la PGR y confirmaron que efectivamente había asesoramiento para que las empresas evadieran impuestos.

Las investigaciones continuaron, pero en 2016 finalmente la SEIDO desestimó el caso. Aún así, diversas notas periodísticas reflejan que este personaje había sido vinculado a escándalos como el daño al plan de retiro del IMSS, el caso de Oceanografía, el desvío de recursos en la Cooperativa Cruz Azul y la red de triangulación de recursos en la campaña presidencial de El Bronco, sólo por mencionar algunos de los más emblemáticos.

La operación "Querubines"

Con la administración de López Obrador empezó un nuevo capítulo en la campaña contra las empresas factureras y el outsourcing, como parte de una política orientada a incrementar la recaudación fiscal y recuperar las rentas públicas que por años han sido extraídas a través de mecanismos ilegales y mafiosos por parte de los más diversos grupos delincuenciales.

En esa lógica, desde 2018 se abrió una nueva investigación en contra Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont, centrada particularmente en recursos desviados de los centros de readaptación social, que por tratarse de un área de seguridad nacional no exigen los mismos estándares de transparencia ni están sujetos a rigurosos mecanismos de rendición de cuentas.

La investigación refleja de forma muy detallada que entre agosto y diciembre de 2016 salieron de la Secretaría de Gobernación, comandada entonces por Miguel Ángel Osorio Chog, 2 mil 950 millones de pesos distribuidos en dos contratos idénticos, de fechas y objetivos diversos, que fueron a dar a unas siete empresas factureras. A través de ellas se realizaron más de 300 operaciones de lavado de dinero, y al año siguientes se sumaron otras mil.

Por prestar su red de empresas factureras para esta operación, Víctor Manuel Álvarez Puga habría recibido una comisión de 3 millones 703 mil 419 pesos, y otros 400 mil para su esposa Isabel. Los recursos llegaron a sus cuentas bancarias en México y Estados Unidos provenientes de dos empresas fantasma principalmente: Gupea y Tangamanga. Evidentemente, este es tan solo uno de los muchos casos en los que este personaje se ha involucrado.

La investigación llevada a cabo exhibe el carácter burdo que asumió la corrupción en nuestro país, donde quienes llevaron a cabo esta operación parecen haberse sentido tan impunes que no cuidaron ni las formas más elementales para disimular sus operaciones fraudulentas.

Para sangrar las arcas públicas se recurrió a la Ley de Seguridad Nacional, la cual permite emitir una licitación restringida, por medio de la cual invitaron a tres empresas para la compra de equipo de seguridad en los centros penitenciarios del país.

Los que elaboraron el estudio de mercado correspondiente no solo recurrieron a la clásica estrategia de ofrecer tres ofertas distintas e inclinarse por la más económica, sino que las propuestas técnicas que supuestamente se consideraron eran prácticamente idénticas en su formato, tipografía y estilo. ¡Incluso las tres tienen logos de color azul!

La empresas que resultó beneficiada de este proceso, Seguridad Privada Inteligencia Cibernética S.A. de C.V.­ --y a la cual se le transfirieron mil 950 millones de pesos en agosto de 2016-- registra un domicilio en una humilde casita en Morelia, Michoacán. Basta con echarle un vistazo rápido para detectar el tamaño del cinismo. Otra de las direcciones registradas se ubicaba en Paseo de la Reforma 505, donde está la Torre Mayor, la cual resultó ser una dirección falsa.

En cuanto a los entregables, los implicados en esta trama ni siquiera fueron capaces de tomarse el tiempo para elaborar una lista más o menos creíble. Al tratarse de dos contratos distintos, simplemente copiaron dos veces los mismos productos, con idénticos números de serie.

Derivado de esta investigación, se han girado casi una decena de órdenes de aprehensión. Además de Álvarez Puga y Gómez Mont, figuran varios funcionarios del sistema penitenciario que firmaron los contratos, como es el caso de Paulo Uribe Arriaga, director general de administración del sistema de prevención y readaptación social (acusado por no haber activado el código rojo tras la fuga del Chapo Guzmán), y Eduardo Guerrero Durán (acusado también de haber recibido dinero del Cartel de Sinaloa para proteger a sus integrantes). Guerrero es una figura cercana a Osorio Chong, aunque al parecer no hay hasta ahora elementos en la investigación que involucren al ex secretario de Gobernación.

Figuran también entre los responsables perfiles como el de José Alberto Rodríguez Calderón, acusado en algún momento de extorsión; Antonio Molina Díaz, involucrado en la compra de medicamentos que nunca llegaron a los centros federales, así como el general Salvador Camacho Aguirre, ex funcionario de la Policía Federal y presuntamente responsable por las masacres de Apatzingán, Tanhuanato y Nochixtlán.

Según algunos cálculos, el daño al erario presuntamente causado por estos funcionarios --que se acerca a los 3 mil millones de pesos--, podría haber servido para comprar más de 213 mil sistemas de seguridad, más de 3 mil 400 cámaras, 128 mil lectores biométricos, 29 mil 500 arcos de metales y más de 9 mil torniquetes dobles de cuerpo completo de acero inoxidable. Así el tamaño del desfalco a los cofres públicos facilitado por Victor Manuel Álvarez Puga. 

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