Tlahuelilpan
La delgada línea roja de AMLO
Por Ignacio Fidanza
En la tragedia de Tlahuelilpan, el Presidente trazó su política de seguridad. Los riesgos de retirar la fuerza del estado.

La tragedia de Tlahuelilpan operó como un filtro implacable de la política de Lopez Obrador frente al desorden social. El resultado que produjo no fue virtuoso y abre serios interrogantes sobre qué hará su administración de aquí en adelante, cuando le vuelva a tocar lidiar con desafíos a la autoridad del Estado.

Con un muy atendible registro de los riesgos que implica en México soltar el poder represivo de las fuerzas de seguridad  -Tlatelolco, pero no sólo Tlatelolco-, Lopez Obrador esbozó en las tres conferencias de prensa que dio tras la tragedia, los contornos de su nueva doctrina de seguridad interior. "Nosotros no vamos a apagar el fuego con el fuego. No vamos a enfrentar la violencia con la violencia. Esa no es una solución. Por eso la decisión que se ha tomado en este caso y en todo lo que tiene que ver con la política de seguridad, es atender primero las causas que originan los hechos ilícitos. Este no es un asunto militar, ni policial", afirmó el presidente.

Un reportero le consultó entonces si frente a la información de la ordeña, la decisión de no intervenir había sido suya, y si acaso este sería el protocolo frente a casos similares. "No existe una orden, es una política: no resolver los problemas con el uso de la fuerza", fue la respuesta de AMLO, a quien hay que reconocerle que aún en una situación límite no dudó en enfrentar los micrófonos a agenda abierta. Tuvo temple para conducir la primer crisis grave de su gobierno y en ese punto, su liderazgo salió fortalecido.

Pero volvamos a la línea que trazó en la arena: "No resolver los problemas con el uso de la fuerza". Muy claro y al mismo tiempo muy peligroso -incluso para el propio Gobierno- porque abre un enorme espacio para la arbitrariedad en la definición de cuándo y cómo debe usar el Estado su legítimo monopolio de la fuerza.

Lo primero que habría que aclarar es que la perforación y saqueo del combustible de un ducto es un delito penal, al que se suma el agravante que en este caso se trata de un patrimonio público por ser Pemex una empresa estatal. Es decir, no estamos discutiendo la represión o no de un reclamo social, de una marcha de protesta, un plantón o cualquier otra manifestación de descontento popular, estamos hablando de la realización de un delito.

Frente a esto, de las palabras de Lopez Obrador se intuye que el Presidente hace una distinción cuando el sujeto que viola el orden penal proviene de los sectores más humildes y lo hace en una manifestación popular. Es decir, un sólo individuo o un pequeño grupo de personas que hicieran lo mismo que hicieron los cientos de Tlahuelilpan, seguramente terminarían detenidos, como de hecho ocurrió en estas semanas con decenas de huachicoleros.

Estamos entonces ante la posibilidad de un corrimiento muy riesgoso del derecho penal, que pasa de penar hechos a penar personas. Lo que prevalece no es la violación de una conducta típica -objetiva- sino la calidad de la persona que comente determinado acto.

De las palabras de Lopez Obrador se intuye que el Presidente hace una distinción cuando el sujeto que viola el orden penal proviene de los sectores más humildes y lo hace en una manifestación popular. Es decir, un sólo individuo o un pequeño grupo que hicieran lo mismo que hicieron los cientos de Tlahuelilpan, seguramente terminaría detenido.

En el extremo, se trata de un retroceso de siglos en materia penal que ubica en el soberano la decisión de a quién se castiga. Sugiere incluso una visión previa a la Carta Magna de Inglaterra, en la que allá por el 1.200 los nobles impusieron al rey la obligación de ceñirse a normas previamente escritas y acordadas, dando nacimiento a todo el sistema legal occidental, que luego el Código de Napoleón vino a perfeccionar, sentando las bases de un modelo que con sus matices es el que impera en México.

Claro que se puede argumentar que lo aquí descripto es una exageración y el Presidente apenas se limitó a establecer un nuevo criterio operativo para la intervención de las fuerzas. Pero a nadie se le escapa la profunda conexión que existe entre el trabajo policial y la consolidación de un orden legal. Es decir, si la policía un día decidiera dejar de perseguir a los ladrones de bancos, aunque se mantuviera su reproche penal, ¿qué efecto práctico tendría esa decisión? Es evidente que se parecería bastante a una derogación de hecho de ese delito.

Sobre esa delgada línea roja es la que camina López Obrador. Por un lado, el político registra con su extraordinaria percepción los límites sociales que transita mientras intenta conducir ese animal indómito y sorpresivo que es México. Nada para reprochar. 

Pero al mismo tiempo Lopez Obrador es la máxima autoridad del Estado, que en su raíz surgió básicamente para expropiar la violencia social de la gente y con ese poder definir cuándo y cómo se reaccionará ante la transgresión. Y en democracia eso lo definen las leyes, no la voluntad cambiante del gobernante de turno. Es decir, AMLO es quien debe garantizar el imperio de la ley al mismo tiempo que es también sujeto obligado.

Estamos entonces ante un debate muy profundo que no se saldará ahora y que seguramente marcará la piel de este sexenio. Porque Lopez Obrador tiene razón en plantear la urgencia por pacificar Mexico, pero como se sabe, el camino al infierno esta tapizado de buenas intenciones.

Es decir, la decisión de retraer el poder represivo no implica necesariamente pacificación. Incluso, como se vio en Tlahuelilpan, hasta puede agravar la tragedia. Porque es legítimo preguntarse: ¿Si el Ejército hubiera despejado y acordonado la zona de la ordena, no se habrían evitado decenas de muertos?

El general Sandoval planteó claro los riesgos: "Estas multitudes han llegado a golpear a nuestro personal en otros eventos y nuestros hombres han llegado a responder con disparos. Eso no queremos que suceda, una confrontación de esa naturaleza. Todo nuestro personal va armado. Para evitar ese tipo de situaciones, en las que pudiéramos dañar de una manera diferente, evitamos una confrontación".

Pero la decisión de retirar la fuerza no es gratuita, como se vio. Sin embargo, acaso Lopez Obrador haya preferido un riesgo al otro. Ahora la "culpa" de la tragedia es de los imprudentes que fueron a llevarse sus galones de combustible gratis, no del Ejército que responde al Presidente. 

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