Corrupción
¿Resistencia empresarial o violación a la ley?
Por Alfonso Martínez
Con la 3de3 para la IP, y bajo el argumento promover la transparencia, el Gobierno de NL incurre en serias re-interpretaciones de las normas establecidas.

 La semana pasada, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León, promovieron, de forma separada, juicios de Acción de Inconstitucionalidad en contra de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, ¿Por qué?

Suponga que usted es un jardinero y que en su jardín aparece una hierba no deseada. ¿Usted usaría una sierra eléctrica para sustraerla? Si es una persona racional, supongo que su respuesta es no, ya que, aunque la sierra eléctrica es una herramienta utilizada en jardinería, sus características no permiten eliminar de forma eficiente el brote no deseado, sino por lo contrario, destruiría la hierba y lo que esté a su alrededor.

Lo mismo pasa con la recién aprobada Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Nuevo León que establece el uso de un mecanismo que estaba reservado únicamente para los servidores públicos, la declaración Fiscal, Patrimonial y de Intereses.

¿Por qué es un mecanismo únicamente utilizado para servidores públicos?

Verá, la ley de responsabilidades, entrega una serie de herramientas a las autoridades encargadas de prevenir, perseguir y sancionar las faltas administrativas y hechos de corrupción; así como en jardinería, se les entregan a los jardineros las herramientas para mantener limpio y cuidado su jardín.

Es decir, cada planta del jardín -sujeto relacionado con faltas administrativas- tiene su propia herramienta de cuidado -mecanismo para prevenir, perseguir y sancionar actos de corrupción-.

Tenemos entonces dos plantas específicas en nuestro jardín o estado, los particulares y los servidores públicos, que al ser sujetos diferentes, tienen que ser tratados de manera diferenciada, además que cada una de estas plantas tiene sus propias obligaciones, facultades o derechos.

Sin embargo, la Ley de Responsabilidades Administrativas homologa o trata en igualdad de condiciones a los particulares y servidores públicos, con respecto a la obligación de presentar declaración patrimonial y de intereses; como si se tratará de los mismo podar un arbusto que eliminar una plaga.

Pudiera pensarse que la finalidad de los legisladores es darles más herramientas a los jardineros, ya que la medida tiene como objeto erradicar la corrupción, vigilando que el patrimonio de los particulares no se incremente o disminuya en forma desproporcionada o injustificada, es decir, la obligación de que los particulares presenten su declaración 3 de 3 tiene como finalidad establecer mecanismos para evitar conductas irregulares y desincentivarlas.

Sin embargo, desde el punto de vista jurídico y de derechos de los particulares, en específico el derecho a la privacidad, la medida no es necesaria, pues la ley ya contempla otras medidas alternativas que también son idóneas, es decir, previenen que los particulares participen en actos de corrupción de manera igualmente eficiente, que la declaración 3 de 3, pero que son menos dañinas a la privacidad de los particulares; por ejemplo el manifiesto de vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares, así como posibles conflictos de interés, las declaraciones fiscales definitiva y parcial, las revisiones de gabinete, las auditorías, el dictamen de estados financieros, mecanismos que ya existen en la legislación y previenen posibles actos de corrupción, pero sin exponer la totalidad de la información patrimonial.

Es decir, el jardinero ya cuenta con herramientas idóneas para extraer las "hierbas malas".

Por otro lado, se considera que al ente público que contrate a los particulares no debe importar de donde proviene el patrimonio de los privados ni los motivos de sus modificaciones, pues el origen del patrimonio no tiene como único origen, el encargo público, situación que sí sucede con los servidores públicos.

En este sentido, incorporar la declaración 3 de 3 a los particulares sería violatorio al derecho a la privacidad, establecido en el artículo 6 de la Constitución Federal, derecho que establece que la información que se genere en la vida diaria de las personas, al momento de establecer su domicilio, obtener un número telefónico, hacerse de algún bien inmueble o mueble, registrarlos, obtener una cuenta bancaria, realizarse análisis de salud, realización de estudios, etcétera; sean propiedad y estén en posesión exclusiva de los particulares que los generan.

Este mismo artículo que ampara el derecho a la privacidad, incorpora más medios alternativos para la detección de actos de corrupción y su combate, como lo son: "preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos" y "hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales."

Por estos últimos dos párrafos, se considera que el mecanismo en comento no es proporcional, y es incluso excesivo, ya que se estaría exigiendo a los particulares que aporten el cien por ciento de su información relacionada a sus relaciones, patrimonio y responsabilidades fiscales y que además esta información sea pública, por lo que los particulares pierden en su totalidad el derecho a la privacidad solo por contratar con gobierno.

Retomando el ejemplo de jardinería, no puede decirse que sin la declaración 3 de 3 el jardinero queda imposibilitado para perseguir los actos de corrupción que cometan los particulares, ya que, como se mencionó, tiene a su alcance otras herramientas que permiten extraer las "hierbas malas" sin destruir lo que esté a su alrededor.

Por ultimo estimado lector, se reconoce la participación del sector privado en los actos de corrupción y se reconoce que es necesario implementar medidas que fortalezcan la persecución de estos casos, sin embargo, siempre desde el manto de la legalidad y el respeto a los derechos humanos, situación que no aconteció en el caso en concreto, por lo que los órganos autónomos mencionados decidieron presentar las mencionadas Acciones de Inconstitucionalidad.

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