Una investigación que realiza Mexicanos Contra la Corrupción y Animal Político arranca con el duro señalamiento: "Duarte resultó un principiante: El Gobierno federal usa 128 empresas fantasma para desviar recursos millonarios". De nueva cuenta, la organización de Claudio X. González manda un misil al corazón del gobierno peñista.

En la primera parte de su investigación titulada La Estafa Maestra, -la segunda se publicará esta noche- revela que a través de 11 dependencias, esta administración entregó contratos a empresas que no existían y que no daban los servicios para los que eran contratadas. El dinero, en realidad, terminaba en el bolsillo de los funcionarios.

Fue una conclusión se desprende tras revisar las Cuentas Públicas de 2013 y 2014, explica el documento, en donde detectaron contratos ilegales por 7,670 millones de pesos, de los cuales, más de tres mil millones están desaparecidos.

El reporte indica que: "Los 7 mil 670 millones de pesos le fueron entregados a 186 empresas, pero 128 de ellas no debían recibir recursos públicos, porque no tienen ni la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no existen".

La investigación señala a tres dependencias en particular, claves para el Gobierno: La Sedesol, a cargo de Rosario Robles, Banco Nacional de Obras, mientras estaba al frente el gobernador electo del Estado de México, Alfredo del Mazo y Pemex, durante la administración de Emilio Lozoya.

La acusación ahora complica de nuevo la situación para José Antonio González Anaya, al frente de la petrolera, que ya tenía que enfrentar los señalamientos por el caso Odebrecth en temas de corrupción, también durante la gestión de Lozoya, mientras que intenta sacar a flote a la empresa, buscando inversionistas privados. 

Como ya explicó LPO, el tema escaló hasta las negociaciones del TLCAN, en donde  empresarios piden regular más las compras de Pemex, lo cual estaría incluido en el capítulo de las paraestatales.

El destape de esta información ocurre a un día de que la organización de González Guajardo involucró a Raúl Cervantes, Procurador de la República, en una de sus investigaciones, señalándolo de poseer un Ferrari de lujo, registrado en una casa de interés social.

El tema es sensible para el Gobierno que busca instalarlo al frente de la Fiscalía General, a lo cual se oponen principalmente bancadas como el PAN y el PRD, volviéndolo el eje de sus disputas en el Congreso, con mayor peso en estos días en San Lázaro, donde amenazan de un bloqueo si aprueban su pase directo a esta dependencia.

Y estos golpes mediáticos ocurren también tras el desencuentro entre el Gobierno Federal y el empresario Claudio X González, dado a conocer por La Politica Online, en el que Enrique Peña Nieto le reclamaba por las actividades de su hijo al frente de esta organización.

Las respuestas por su puesto ya se hicieron presentes. La primera en reaccionar fue la Secretaría de la Función Pública (SFP), que asegura tenía conocimiento de los señalamientos emitidos en el documento de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) y ya había accionado al respecto. 

Explican que "En algunos casos, la ASF incluso presentó denuncias penales, mismas que están en curso", en tanto que la Función Pública  "inició las acciones necesarias para que dichas dependencias y entidades proporcionaran a la ASF la información y documentación que atendiera los requerimientos formulados".

" La Secretaría de la Función Pública toma conocimiento de la información presentada por Animal Político y MCCI para incorporar cualquier posible nuevo hallazgo a sus investigaciones y procedimientos en curso", señala el comunicado emitido por la secretaría.