Miguel Riquelme ya suspira. La explosión de la relación entre Ricardo Anaya y Los Pinos pareciera ya haber desterrado lo que hasta hace un mes y medio era visto como un hecho ineludible: que en Coahuila volvería a elegirse gobernador.

Ahora Rubén Moreira ve lejana esa posibilidad y no sólo eso: quiere acercarse a Los Pinos mediante una nueva embestida judicial contra Anaya que se sumaría a las revelaciones recientes sobre su importante patrimonio.

El War Room de Moreira alista un documento muy completo para aportar hacia el INE y que tiene que ver con el financiamiento de la campaña panista. Una situación que ya esta bajo estudio en ese organismo pero que esta semana puede extenderse a otro terreno en la Procuraduría del Estado de Coahuila. Eventualmente, la meta sería que la Seido (dependiente de PGR) atrajera este caso.

El cálculo es preciso y está impregnado de actualidad: Anaya resiste a como de lugar el nombramiento de Raúl Cervantes como el primer titular de la Fiscalía General. Sin embargo, Cervantes podría terminar encargado de una investigación contra el panista.

Moreira dice poder revelar una trama de empresas fantasmas asociadas a un gran banco mexicano que sirvieron para canalizar alrededor de 70 millones de pesos que habrían sido para la campaña de Memo Anaya, el ex candidato del PAN en Coahuila. Con esto, el panismo habría superado por un amplio margen los topes impuestos en la ley, pero además se agregaría un capítulo penal por lo opaco de esos recursos.

El fin de esos recursos habría sido alimentar la red de consejos ciudadanos que Memo Anaya desplegó a lo largo de la entidad para fortalecer su campaña. En contraparte la campaña de Riquelme es más cristalina porque esta financiada en gran medida por aportes de empresarios de la región muy cercanos al gobierno. Los aportes están en su mayoría documentados (destacan constructoras).