Mauricio Macri tenía pensado remover a la cúpula de las Fuerzas Armadas justo antes de que se desatara la crisis con la Armada por la búsqueda del submarino ARA San Juan.

En el Gobierno explicaron a LPO que por protocolo los submarinos deben reportarse dos veces por día, pero una vez que pierden la señal, la Armada espera 48 horas antes de comunicar el alerta. Pero el submarino perdió contacto el miércoles pasado y la Armada filtró el telegrama en el que se denunciaba la pérdida de contacto el jueves por la noche, antes de que se cumplieran las 48 horas.

Macri enfureció por esa filtración y por abordar el conflicto después que los medios. Lo mismo le pasó a su ministro de Defensa, Oscar Aguad, que se enteró en Canadá del suceso a través de las redes sociales.

La bronca en el Ejecutivo se agrandó cuando se percataron de que la Armada no había avisado de la avería que se detectó en las baterías del submarino antes de que zarpara. También pesó el informe que filtró la Armada en marzo sobre una reducción del Presupuesto dispuesta por la Rosada en las Fuerzas Armadas (ver aparte).

La interna con la Armada continúa desde la semana pasada y Macri debió apersonarse en el Edificio Libertad ayer para pedir explicaciones. No se llevó prácticamente ninguna novedad y los jefes de las Fuerzas Armadas le mostraron los mismos gráficos que ya había publicado la agencia estatal Télam.

En el Gobierno sospechan que en la Armada se quisieron tomar venganza de una serie de movimientos que preparaba Macri.

Como confirmaron a LPO en el Gobierno, el presidente quería remover al jefe de la Armada, almirante Marcelo Srur; el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier Víctor Amrein y el del Ejército, general Diego Suñer. El único que iba a salvarse de la razia era el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Bari del Valle Sosa.

Además, Macri y Aguad tenían en carpeta el traslado de todos los aviones que tienen las diferentes fuerzas a la órbita de la Fuerza Aérea, lo que fue tomado como una provocación por la Armada, que maneja una flota a través del comando de Aviación Naval.

Las autoridades de Fabricaciones Militares visitaron la comisión de Defensa en Diputados y confirmaron el cierre del Proyecto Vagones; la suspensión de los convenios con INVAP para la fabricación de radares, con YCRT para la fabricación de bridas y abrazaderas y con Yamana Gold-MASA para la provisión de servicios de voladura en la Mina Gualcamayo; la mínima producción de pólvoras; y la discontinuidad de la mayoría de los proyectos conjuntos con el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa.

Los trabajadores evalúan que el impacto de estas medidas redundará en una caída de facturación de $515 millones de pesos, con una pérdida de más de 800 puestos de trabajo entre las plantas de Azul (160 puestos de trabajo), Villa María (200), Rio Tercero (420) y Jáchal (50).