Lo inaudito ocurrió el pasado 29 de octubre de 2018. Pese a que insistió públicamente que no debía nada ante la justicia mexicana, la Suprema Corte admitió la controversia constitucional promovida por el expresidente Enrique Peña Nieto contra la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de Chihuahua -y que debió suspender- por el presunto desvío de recursos federales.

Quien resolvió la medida cautelar fue el ministro Eduardo Medina Mora. Para nadie pasó desapercibido los nexos entre el miembro de la Suprema Corte de Justicia y el extitular de Los Pinos. 

LPO reveló que el blindaje judicial en favor de EPN -a pedido del exconsejero jurídico de Presidencia, Misha Granados- tuvo como autor principal al abogado Humberto Castillejos y un cabildero VIP: el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, quien pidió a Medina Mora resguardar al presidente de la furia del gobernador Javier Corral.

El entorno de Peña Nieto le apunta a Claudio X. González por la denuncia anónima ante las autoridades de EU

Sin embargo, este día trascendió que la SCJN modificó la suspensión, en medio del golpeteo mediático contra Eduardo Medina por la apertura de investigaciones en Estados Unidos debido a transferencias millonarias a cuentas del ministro.

Por lo que la Fiscalía chihuahuense investigue al exmandatario federal por delitos del fuero común que afecten al estado, de acuerdo con el proyecto del ministro Javier Laynez Potisek. En palabras de Corral Jurado, por la llamada Operación Safiro y los avatares del caso del extesorero tricolor, Alejandro Gutiérrez, y sus vínculos con el PRI nacional (en la mira: Manlio Fabio y Luis Videgaray).

Así, la Segunda Sala concluyó que los fiscales locales no podrán proceder contra Peña por acciones tomadas en ejercicio de sus funciones como servidor público federal, sino solamente en los delitos que afecten a la entidad. "Iremos hasta donde tope", ya amenazó Corral en varias entrevistas durante el día.