Se complica la situación judicial de BBVA en España. Los jueces han decidido esta semana investigar a la entidad financiera por los presuntos encargos de espionaje al expolicía José Manuel Villarejo. Un caso que ya le costó el puesto al histórico dirigente Francisco González y cuyas últimas novedades agravan la fuerte crisis reputacional del banco.

González fue uno de los grandes aliados empresariales de Enrique Peña Nieto en el sexenio anterior. Desde la entidad avaló todas las reformas estructurales y tejió un nexo directo con Luis Videgaray. Tiene sentido: México es el mejor negocio de la entidad, aporta un 42% de los beneficios en comparación con España que aporta el 24%.

Villarejo, actualmente detenido, es una figura célebre en los sótanos de la política ibérica, acostumbrado siempre a realizar grabaciones clandestinas o conseguir imágenes comprometedoras. Prácticas de las cuáles González habría sacado partida. 

Hasta el momento la justicia ya investigaba a un grupo de directivos de la entidad a título individual, pero la sorpresiva declaración de uno de ellos ha terminado con el señalamiento directo hacia BBVA. El vuelco en el caso es importante porque impide al banco presentarse como víctima de los malos manejos de algunos trabajadores y dirige los focos contra la organización en conjunto, que será investigada por posibles delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios. Según la hipótesis de los investigadores Villarejo se aprovechó de su posición como empleado público para ofrecer servicios de espionaje a empresas a cambio de grandes sumas de dinero, como ya informó LPO en su momento

La declaración que ha sacudido la investigación es la de Antonio Béjar, exresponsable del área inmobiliaria del banco y recientemente cesado de la presidencia de una filial de BBVA. Es el único de los dirigentes implicados que ha respondido las preguntas de la Fiscalía y en su testimonio de este lunes ha aportado "datos y pruebas" de las contrataciones de BBVA a Villarejo, según el portal Vozpópuli.

La colaboración de Béjar fue premiada de inmediato por la Fiscalía, que retiró la petición de libertad bajo fianza. Acto seguido el juez solicitó la imputación del banco bajo la sospecha de que "la cúpula" del BBVA permitió la contratación de Villarejo para realizar tareas de espionaje, por el "beneficio personal y empresarial" que le podía reportar, según un fragmento del auto al que ha tenido acceso la agencia Efe.

El juez considera necesario determinar si el banco hizo lo posible por evitar el delito o por el contrario "la ausencia de mecanismos de control" y "la tolerancia con prácticas contrarias a la buena fe empresarial" fueron "medios de los que el banco pudo haberse valido para facilitar la contratación" de Villarejo.

La ley española prevé para este tipo de delitos graves sanciones que van desde multas y suspensión temporal de actividades hasta intervención judicial o incluso la disolución definitiva. Sin embargo, parece difícil que se llegue a este extremo porque la ley también limita las responsabilidades penales de las empresas que cuentan con un programa de control de riesgos (compliance). El banco podría evadir una hipotética condena si demuestra que dispone de una plan para evitar los delitos de sus empleados o responsables. A pesar de todo, no es un argumento jurídico definitivo y existen varias corrientes de interpretación sobre el compliance entre jueces abogados y fiscales; de modo que existe cierto riesgo de condena para BBVA.

El banco ha reaccionado ayer martes a la imputación con el despido de su director de Control Interno Eduardo Arbizu, que estuvo al frente de los servicios jurídicos entre 2002 y 2018, un movimiento que no ha evitado una caída del 3% en la Bolsa de Madrid. 

Hoy miércoles la entidad presentó sus resultados trimestrales que dejan como conclusión que si bien la reputación del banco se ve afectada, las utilidades siguen al alza, por ejemplo en México el crecimiento es del 6.8%.