Este lunes 5 de agosto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia votó a favor de declarar constitucional la NOM 046-SSA2-2005, la cual da derecho a las víctimas de violación a tener acceso a la interrupción legal del embarazo en todo el país. Así, se ordenó a todos los hospitales públicos a interrumpir los embarazos "bajo protesta de decir verdad verbalmente o por escrito".

Sin embargo, la defensa a las mujeres y niñas que han sido violentadas sexualmente despertó una campaña en redes sociales contra el ministro Arturo Zaldívar, quien promovió el voto a favor de la medida para defender los derechos fundamentales.

"Me parece que este tribunal pleno tiene que mandar un mensaje muy claro de que se protegen los derechos de las mujeres y que esta Norma Oficial Mexicana viene, precisamente, a hacer mucho más laxo, mucho más fácil, mucho más sencillo el acceso a este derecho constitucional cuando las mujeres han sido violentadas de manera grave en su libertad sexual", señaló el ministro presidente de la Corte.

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En entrevista para Radio Fórmula, el ministro reprochó la ofensiva de grupos conservadores. "Este tipo de limitaciones, de obstrucciones a este derecho de las mujeres, normalmente afecta a las mujeres más pobres, más desprotegidas, a las niñas, a las mujeres indígenas", dijo.

"Porque hay cierto sector social de la población mexicana que de todas maneras interrumpe el embarazo, porque tiene el acceso para poder llegar a lugares donde se hacen este tipo de cuestiones -completó-. Pero [para] aquellas capas de nuestra población que están más desprotegidas, más vulnerables, esta Norma Oficial Mexicana es una forma de proteger a las mujeres y a las niñas".

Zaldívar Lelo de Larrea aclaró que todos en la Corte están a favor de la vida y "nadie está a favor del aborto como método de planificación familiar", aunque hay una obligación de proteger a las mujeres y niñas mexicanas.

"Algunos estamos a favor de no criminalizar a la mujer, porque esto siempre se da en las mujeres más humildes, más pobres, en las indígenas . Las niñas ricas siempre han abortado sin consecuencias legales y esto criminaliza a las casas más desprotegidas, por eso tenemos la obligación de proteger a nuestras niñas y a nuestras mujeres", insistió.

También, reconoció que este es tema que divide a la gente en todas las partes del mundo, pero pidió empatía con el dolor de las mujeres que han sido violadas, "incluso por cristiandad".

"Tenemos índices, tenemos estadísticas gravísimas del abuso hacia la mujer, del maltrato, de feminicidios, de violaciones y también tenemos, lamentablemente, casos recientes de que las autoridades tratan de hacer valer cualquier subterfugio para negarle el acceso a la interrupción legal del embarazo a las mujeres y, particularmente, a las niñas", concluyó.

Finalmente, informó que todo hospital público estará en la obligación de practicar la interrupción del embarazo a las mujeres que hayan sido violadas sin que exista una denuncia, siempre y cuando la mujer presente un documento en el que afirme que fue violada.

"Basta con que una mujer acuda y presente por escrito, bajo protesta de decir verdad, que fue víctima de una violación para que las instituciones públicas tengan que interrumpir el embarazo", concluyó.