El ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, fue demandado por el empresario quintanarroense Carlos Mimenza ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el desvío de más de 200 millones de pesos a través de empresas fantasma.

Esto se suma a las demandas de juicio político por desvío de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, cohecho y peculado, supuestamente cometidos durante su gestión (2010-2016). 

El ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, acumula demandas de juicio político en su contra por desvío de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, cohecho y peculado supuestamente cometidos durante su gestión (2010-2016).

El empresario de Playa del Carmen Carlos Mimenza presentó este lunes y martes nuevos recursos ante el Congreso del estado y el Senado de la República, mismos que alcanzan al exalcalde del municipio de Solidaridad y excandidato del PRI al gobierno del estado, Mauricio Góngora, y a otros 24 exfuncionarios de su gobierno y de esta localidad.

En entrevista, el empresario originario de Cozumel señaló que la demanda de juicio político es porque los entonces funcionarios utilizaron cargos de elección popular y de designación para distraer recursos públicos tanto estatales como federales para su provecho personal.

Mimenza indicó que todos los miembros del anterior cabildo de Solidaridad, a excepción de una regidora, son los que tienen en su contra demandas de juicio político.

"Se otorgaron contratos millonarios a sociedades mercantiles para beneficio personal y de las familias de los mismos políticos con recursos federales para hacer obras que no se llevaron a cabo, que fueron cotizadas muy caras o que se hicieron para bien de ellos", señaló.

Incluso sostiene que hay empresas fantasma que obtuvieron contratos tanto en Veracruz como en Quintana Roo, por lo que solicitó a la PGR indagar delitos como enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, peculado y lo que resulte en contra de las redes de corrupción que interactuaron en ambos estados.

"Tengo todo documentado, absolutamente todas las empresas, las aerolíneas que usaron, bitácoras de vuelo, todos los recursos federales que interactuaron Javier Duarte y Roberto Borge, recursos federales que se aplicaron a obras que nunca se ejecutaron, pero que sí se cobraron, recursos federales etiquetados que se desviaron a otros propósitos, actas de cabildo, documentos del Congreso, son empresas que recibieron obras por 100 millones de pesos y solo tenían registrado un empleado", destacó el empresario en entrevista con Aristegui Noticias, Mimenza.

Agregó que en la denuncia también se pide investigar a los empresarios Edgar Manuel Montoya Méndez y Andrés Maíz Arce, por considerar que ambos se vieron favorecidos por contratos concedidos de forma ilegal, debido a los vínculos personales que tenían con ambos exmandatarios.

Esas dos personas, dijo, fungieron como prestanombres de los exgobernadores, al igual que los hermanos Francisco y Javier Ruiz Anitúa, quienes incluso tenían relaciones de compadrazgo con Borge y Duarte, respectivamente.

"Francisco Anitúa y su hermano -uno es compadre de Borge y otro es compadre de Duarte- recibieron al menos 80 millones de pesos durante nueve meses por la entrega de obra pública sin licitar, a pesar de que tenían solo tres empleados registrados y de que su dirección legal era una casa abandonada en Chetumal. Tenemos todos los registros y todos los números que son verificables", explicó.