López Obrador puso en su mira un contrato que se extendió por cien años para la administración del Puerto de Veracruz, el cual catalogó este miércoles como "un engaño y una privatización", el cual advirtió que investigará.

El tema fue abordado desde ayer por el mandatario, y esta mañana, en su conferencia desde Querétaro, abundó al respecto, defendiendo que esta concesión sí se hizo a una empresa pública y no pertenece al gobierno, como se replicó por la tarde en distintos medios de comunicación que explicaron que se trata de una empresa desconcentrada del gobierno cuyos directivos -funcionarios- son designados por la SCT.

Para rebatirlo, el presidente recordó el caso ferrocarrilero: "Los ferrocarriles son medios de comunicación cuyo dominio tiene que ver con la nación y el Estado mexicano, pero existe una concesión, estas se entregaron durante el Gobierno de Ernesto Zedillo. Entonces ya la función pública se cede ante el interés privado, la administración privada. Pues es lo mismo con las famosas API (Administración Portuaria Integral)". Lo que es cierto, admitió, es que el gobierno es accionista.

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En ese sentido, afirmó que este contrato se trata en realidad de una privatización. "Se nos hizo creer que la nación seguía teniendo el dominio de los bienes, de recursos naturales como el petróleo porque en la reforma energética quedó establecido que la nación es la dueña originaria del petróleo; sin embargo, al momento que se da una concesión, ese dominio se interrumpe, se cede a un particular durante un tiempo", indicó.

Pero el contrato es legal y considera una ampliación hasta el 2094. Fue el expresidente Carlos Salinas quien dio la primera concesión por cincuenta años y más tarde Peña Nieto agregaría otros 50. "Vamos a vivir todos para contarlo", ironiza el presidente, porque en realidad advierte que lo va a revisar y busca revocarlo. 

Para expertos, esto sería imposible, a menos que se modificaran completamente las leyes portuarias, que establecen que el operador sea una sociedad mercantil. Aunque el presidente insiste: "Se puede señalar que la API de Veracruz pertenece al sector público, pero la administración corresponde completamente a particulares".

Y fue categórico al concluir: "Es un engaño, una simulación. Si es público, si pertenece al Estado, ¿para qué se concesiona? No tendría ningún caso. Vamos a revisar porque es muy extraño. Primero, ¿por qué a cien años?´¿ Por qué luego de que se llevaran las elecciones? ¿quiénes son los beneficiarios y montos?".