La iniciativa de Jacqueline Peschard para exigirle al Gobierno Federal informar con todos los documentos sobre la adquisición y uso del malware Pegasus fue rotundamente rechazada por el resto de los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, al considerar que faltan pruebas que acrediten un delito en la materia.

Por supuesto, lo más polémico de la votación es que formó parte -así lo marca la ley- Arely Gómez por encabezar la Secretaría de la Función Pública. El posible conflicto de interés es para muchos notorio: la funcionario encabezaba la PGR cuando se empezó a utilizar el software, presuntamente para espiar periodistas y activistas.

Para Jacqueline Peschard, presidenta del Comité de Participación Ciudadana, la iniciativa se fundamentaba en el Artículo 23 de la Ley General del SNA: el órgano que ella preside está facultado para pedir este tipo de exhortos.

¿Qué dice exactamente el Artículo 23? "El Comité de Participación Ciudadana podrá solicitar al Comité Coordinador la emisión de exhortos públicos cuando algún hecho de corrupción requiera de aclaración pública. Los exhortos tendrán por objeto requerir a las autoridades competentes información sobre la atención al asunto de que se trate".

Sin embargo, ganó la postura del resto de los integrantes, bajo un argumento de defensa que deja prácticamente sin sentido el artículo mencionado. Así, con cinco votos en contra, se rechazó la propuesta. 

Alfonso Pérez Daza, representante por el Consejo de la Judicatura Federal, explicó que el planteamiento jurídico del Comité de Participación Ciudadana es inexacto, pues no se cumple el supuesto establecido en el Artículo 23 de la Ley General del SNA: "No está confirmado el supuesto acto de corrupción".

Con ese planteo, el comité del Sistema Anticorrupción sólo podría pedir información una vez que la Justicia ya haya probado que se cometió un acto de corrupción. El sentido de su exhorto perdería de sentido. 

El magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Carlos Chaurand Arzate, se sumó al planteo: "Todavía no está probado un acto grave de corrupción en este tema y por lo tanto, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, no puede emitir el exhorto como solicitaba el Comité de Participación Ciudadana".

Lo mismo dijo Francisco Javier Acuña Llamas, presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Pero aseguró después que investigará el tema, por la presunta violación de los datos personales.

Como integrante del Comité Coordinador del SNA, la Secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, también votó en contra de la iniciativa, pero rechazó argumentar el sentido de su voto. Prefirió permanecer en silencio.