La presión para que el Gobierno de Enrique Peña Nieto revele toda la información en torno al uso del Pegasus lejos de disiparse, crecen con el correr de las semanas. Es que la lista de espiados por el software de NSO Group se va engrosando a medida que los especialistas analizan los teléfonos de diversas periodistas, activistas y dirigentes políticos de la oposición.

Desde el Gobierno han intentado no hacer mayores declaraciones al respecto, más que negar el mal uso de esta herramienta. El propio Peña Nieto reconoció que muchas veces se siente espiado, pero afirmó que no hay ninguna prueba que apunte en contra de sus funcionarios.

Como sea, ahora The New York Times -el periódico que reveló la contratación de Pegasus por parte del Gobierno- confirmó que que el grupo de expertos independientes encargados de investigar el caso de Ayotzinapa también fueron víctimas de espionaje. Así lo confirmaron los expertos del Citizen Lab.

El procedimiento habría sido el mismo. Los investigadores aseguran que recibieron mensajes idénticos en sus teléfonos, que los incentivaban a darle clic a un enlace que, de manera secreta, convierte al celular en un aparato de espionaje al posibilitar el monitoreo de las llamadas, los correos, los mensajes de texto, calendarios, contactos y hasta la cámara y el micrófono.

La revelación es de impactos impensados para Los Pinos. Primero, porque suma a nuevo grupo de víctimas de espionaje, y otra vez se trata de personaje con relación tensa con el Gobierno. Basta recordar la salida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en medio de acusaciones de las trabas que en teoría había puesto para frenar sus líneas de investigación.

Pero otro punto abre polémica: en este caso, el espionaje se habría realizado sobre personas que en esos momentos contaban con cargo de "oficiales internacionales", lo que les otorgaba una suerte de inmunidad diplomática. 

"No estás interviniendo el teléfono de cualquiera, sino de alguien que tiene inmunidad", dijo Francisco Cox, abogado chileno y uno de los integrantes del grupo, al New York Times. "No podían ni siquiera revisar mis maletas en el aeropuerto". 

Según las leyes mexicanas, la vigilancia solo puede ser realizada con el aval de un juez federal y únicamente cuando el gobierno tiene causales bien justificados. Sin embargo, la inmunidad diplomática del GIEI implica que sería muy improbable que algún juez federal hubiera firmado una orden para espiarlos, de acuerdo con los integrantes del grupo.

Este punto hace que la propio Comisión Interamericana de Derechos Humanos redoble su presión para investigar a fondo este caso. James Cavallaro, comisionado de la CIDH, señaló que a primera vista, el caso -suponiendo la veracidad de estas afirmaciones- "es suficientemente serio como para justificar la creación de una comisión internacional". 

Se suma a las voces que han exigido respuestas claras al respecto, que sin embargo, han sido obstaculizadas, tal como ocurrió en el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción, que rechazó una propuesta para pedir información des espionaje.