En abril de 2016, cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dejó el país y la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa por orden de Enrique Peña Nieto, se despidió con fuertes acusaciones, incluyendo la señalización de que hubo evidencias manipuladas, omisiones y tortura a los testigos por parte de las autoridades. Hoy, esta acusación la confirmó la ONU.

A casi dos años de ese reporte, la Organización Nacional de las Naciones Unidas (ONU) constató que efectivamente hubo tortura hacia los testigos entrevistados por la Procuraduría General de la República (PGR).

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, determinó que "tras el examen de los expedientes judiciales, las fichas médicas que revelan numerosas lesiones y las entrevistas con autoridades, detenidos y testigos, la Oficina cuenta con fuertes elementos de convicción para concluir que al menos 34 de esas personas habrían sufrido torturas".

Señaló que en el expediente se identificó un patrón "consistente de justificaciones no plausibles y contradictorias que intentan "explicar" las causas de las lesiones que presentaban las personas detenidas como "autogolpes", lesiones "anteriores a la detención", "estados de ebriedad" o "caídas", en lo que "parecen ser muestras de tortura".

Otro de los temas que el grupo de expertos puso en evidencia durante su estancia en México fue la manipulación de las evidencias en la investigación en el rio San Juan. La ONU también se refirió a este caso y señaló que dicha diligencia "fue conducida en violación al debido proceso y las garantías judiciales" y aseguró que existe "ausencia de documentación en el expediente que sostenga legalmente las diligencias practicadas ese día".

El organismo asegura que cuenta con evidencias de violaciones a los derechos humanos de 34 personas procesadas en este caso -una mujer y 33 hombres- en donde los individuos presentaron numerosas lesiones físicas compatibles con lesiones resultado de tortura.

Integrantes del GIEI

LPORodrigo González Olivares

Las formas de tortura encontradas corresponden a golpes, patadas, toques eléctricos, vendaje de ojos, intentos de asfixia, agresiones sexuales y diversas formas de tortura psicológica. "En varios casos habría habido amenazas de violación sexual a las mujeres familiares de las personas detenidas", señala en su reporte el organismo internacional.

Luego de estos hallazgos, la ONU-DH pidió a la PGR realizar "en un plazo razonable, las investigaciones correspondientes a identificar a los responsables de las detenciones arbitrarias, los actos de tortura y otras violaciones de derechos humanos descritos en el informe".

Han pasado más de tres años desde la noche en que se reportó la desaparición de los estudiantes en Iguala  y los familiares de las víctimas siguen sin encontrar respuesta a los hechos de ese 26 de septiembre. No obstante, en 2016, el Presidente Enrique Peña Nieto decidió que el GIEI había estado "tiempo suficiente" en el país para realizar sus investigaciones.

En ese momento, los hallazgos del grupo de expertos no habían hecho más que echar abajo la "verdad histórica" que había dado la PGR, en ese tiempo a cargo de Jesús Murillo Karam. Tras su salida del país, la investigación quedó en manos de otros organismos, como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).